Tepeapulco, Hgo. Cerca de 200 trabajadores de la empresa Reyma, dedicada a la fabricación de productos desechables de unicel y bolsas de plástico, fueron despedidos entre noviembre de 2019 a septiembre de este año, por exigir la entrega de implementos de seguridad para realizar su labor, pagos justos e intentar organizar un sindicato.

En entrevista para La Jornada, algunos de los empleados afectados aseguraron que el principal motivo de despidos es por exigir al sindicato de la empresa, adscrita presuntamente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la entrega de zapatos, cascos, tapones, y lentes de seguridad, así como “cuerdas de vida”, usadas para evitar caídas de almacenistas de alturas de entre cuatro y cinco metros, prestaciones y pagos justos de horas extras conforme a lo que marca la ley.

“Son tan altos los almacenes que las torres del montacargas no alcanzan a llegar hasta arriba, de allí el riesgo que corríamos de caer”, dijo en entrevista RDI, despedido a finales de julio en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19, pese al llamado del gobierno federal a los empresarios de no hacer ningún despido.

Relató que se desempeñaba como montacarguista, pero a raíz de intentar, junto con otros compañeros, conformar un sindicato precisamente para exigir los implementos de seguridad, comenzó a ser objeto de acoso laboral por parte de personal de recursos humanos, quienes lo obligaron a desarrollar otras tareas, como la de estibador y a estar aislado en otras áreas.

Por la falta de seguridad, una caja cayó de una altura de cinco metros, lo cual le causó una lesión en una rodilla. “En lugar de llevarme a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los de recursos humanos me comenzaron a decir que no fuera, y que ellos me darían mi tratamiento y mis medicinas. Sin embargo, yo me presenté al IMSS y allí me dieron una constancia 7.7 de riesgo de trabajo, lo cual causó molestia a Óscar David Hernández, director de recursos humanos, quien me reprochó del por qué había acudido al IMSS y de que no podía permanecer en la empresa hasta que tuviera un alta del IMSS la cual presenté y fue cuando me permitieron laborar”.

En julio, bajo el argumento de que había pocas ventas a causa del Covid-19 fue despedido, por lo que se vio obligado a demandar a la empresa, ubicada en el parque industrial de Ciudad Sahagún.

En las mismas circunstancias B.O. fue despedido a mediados de agosto. A él, Óscar David Hernández le explicó que había recorte de personal por lo que se le pidió firmar una baja voluntaria a cambio de 10 mil pesos, misma que rechazó.

Los empleados afectados señalaron que los abusos de Rayma son constantes, con complicidad del sindicato, el cual les fue impuesto por la empresa. Aseguraron desconocer quién es el secretario General, el que nunca ha convocado a asambleas y con quien nunca han hablado.

"Hemos querido hablar con él para pedirle que exija la entrega de los implementos de seguridad y el pago incompleto de los días festivos, pero nunca nos atiende", señaló B. O.

"El año pasado supuestamente el sindicato nos 'ganó' un aumento de 50 pesos, de los cuales el sindicato nos cobra 17 pesos de sus cuotas".

A esto se suma el presunto acoso sexual, que han denunciado empleadas, por parte de algunos de sus supervisores, quienes las cambian de área o las despiden por no acceder sus peticiones.

En respuesta a estos abusos de Rayma, los empleados han intentado formar un sindicato lo que ha molestado a los representantes de la empresa, que aseguran "han iniciado una campaña de despido sistematizado".

Por ello, pidieron la intervención de las autoridades laborales del gobierno federal y estatal.