Ciudad de México. La audiencia para fijar el monto de reparación integral del daño a los familiares de las 26 víctimas del Colegio Rébsamen, que perdieron la vida en el sismo del 19 de septiembre de 2017, y la sentencia contra la dueña del plantel, Mónica García Villegas, se aplazó una semana.

Al término de la octava audiencia de individualización de pena, donde sólo se presentó uno de tres peritos programados y se acordó que los faltantes lo harán el miércoles 7 de octubre, el abogado Rosendo Gómez, señaló que su cliente “no pierde la esperanza”.

La ampliación del plazo para conocer la sentencia final, que sería el lunes 12 de octubre, “le ha generado ansiedad y desesperación, aunque sea cual sea el resultado lo vamos a apelar ante el Tribunal de Alzada”, adelantó.

La maestra “no pierde la esperanza de que se revierta en la Sala Superior” el fallo del Tribunal de Enjuciamiento después de todas estas audiencias que fueron muy emocionales y que le significó contar con contención sicológica y estar en una sala contigua.

En la audiencia de este miércoles, dijo, estaban programadas cuatro pruebas ofrecidas por la Fiscalía General de Justicia, que eran prácticamente peritajes, pero sólo se presentó una persona y justificó la inasistencia de otras dos, porque “ya no trabajan para la institución”.

Además de que tuvo que localizarlas en sus domicilios particulares ubicados en el estado de México, por lo que el Tribunal concedió una prórroga y fijó la audiencia para el miércoles siguiente, donde se espera comparezcan y terminar el desahogo de pruebas.

Las asesorías jurídicas tienen previsto también presentar una víctima indirecta, a quien este viernes le entregarán los resultados de su prueba Covid-19 y de resultar negativo, podrá comparecer junto con los peritos o se habrá de desistir.

De esta manera, sería el lunes 12 cuando los asesores jurídicos, el Ministerio Público y la defensa presentemos los alegatos de cierre y se reafirmen las peticiones de cantidad de años en la cárcel para García Villegas.

La Fiscalía General de Justicia ha solicitado 67 años y seis meses por el delito de homicidio culposo y seis años y seis meses por el de responsabilidad de obra, aunque las asesorías no se han pronunciado al respecto y “nosotros consideramos que es una exageración”.