Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) plantea ampliar las medidas para que el trabajo a distancia de los servidores públicos de las dependencias federales se siga desarrollando a distancia, hasta al menos el 4 de enero del próximo año, para reducir la propagación del Covid-19.En un proyecto elaborado por la dependencia, que se encuentra en análisis en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y que podría ser publicado este 30 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se propone que los servidores públicos federales sigan laborando a distancia del 1 de octubre de este año al 4 de enero de 2021.
Debido a la pandemia, la SFP había establecido estas medidas para los trabajadores de la federación, las cuales tienen vigencia hasta este 30 de septiembre. Sin embargo, debido a que el Covid-19 no cede, en el proyecto propone que se extiendan hasta el próximo año.
Funcionarios de la dependencia señalaron a La Jornada que la propuesta está en revisión en la Conamer, y en caso de que en esa instancia se le dé el visto bueno, se haría oficial hasta que se publique en el DOF, lo que tiene que suceder a más tardar el jueves.
El documento planteado por la SFP plantea en su artículo primero extender esas medidas “durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021, para reducir la transmisión del Covid-19”, para lo cual los titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la Administración Pública Federal, podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas.
La propuesta subraya que estarán exceptuadas de este acuerdo las actividades esenciales que realizan las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; así como del Servicio de Protección Federal y la Guardia Nacional, también el personal del Servicio Exterior Mexicano, de los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y el resto de las instituciones que prestan o están relacionados con los servicios de salud, protección civil que por su naturaleza deban prestarse de manera presencial.
“Trabajo en casa, en aquellos casos en que esto sea posible, sin alterar el debido cumplimiento de sus funciones. Esta disposición será obligatoria en el caso de los adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, tales como diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, cardiaca, entre otras, asociadas a un incremento en el riesgo de complicaciones”.
