Ciudad de México. Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, pidió al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, cite a declarar a 15 testigos para demostrar su inocencia, entre ellos a su ex oficial mayor, Emilio Zebadúa, así como al actual titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), David Colmenares.
La ex secretaria de Estado entregó al juez su respuesta a la acusación formal que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra el 26 de agosto, en la cual negó “total y categóricamente”, las acusaciones delictivas que formuló en su contra el Ministerio Público de la Federación (MPF), pues dijo, “se aparta de la verdad y pretende atribuirme la responsabilidad de hechos presuntamente constitutivos de delito en los que nunca he participado, ni son atribuibles a mi persona”.
El documento de 42 cuartillas y al que tuvo acceso La Jornada, Robles Berlanga reiteró que su caso “se trata de un tema meramente de carácter político, y no jurídico, lo cual considero completamente injusto” pues, manifestó, los procesos penales no tendrían que servir para combatir a los adversarios políticos, ni tampoco para cobrar afrentas del pasado.
“Tampoco se tendría que utilizar la prisión preventiva para cobrar venganza, ni doblegar voluntades, hacerlo de esa forma se traduce en una detención arbitraria, por injustificada, excesiva y desproporcional. En palabras del propio Fiscal General de la República, se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, “por no ser solidaria con el estado”, dejando entrever que para obtener mi libertad “debo delatar a otros funcionarios”.
A través de su abogado Epigmenio Mendieta, la ex funcionaria pidió al juez incluya 38 documentos que como titular de la entonces Sedesol y Sedatu, envío para corregir las fallas que la ASF detectó durante su gestión, además acreditar que Emilio Zebadúa fue citado en más de 10 ocasiones por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en marzo y octubre de 2018, así como mayo y septiembre de 2019, para audiencias sobre las observaciones realizadas en sus revisiones.
Entre ellos se encuentra el acta entrega-recepción que firmó el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, cuando asumió la titularidad de la Sedesol.
En su contestación, Rosario Robles añadió que “el gobierno de este país, ha tomado ya la decisión de mantenerme privada de mi libertad, hasta que yo diga lo que ellos quieren oír, aunque los hechos que me atribuyen son completamente falsos y yo no participe de forma alguna”.
La audiencia intermedia de la ex funcionaria federal se programó para el próximo 26 de octubre, donde la FGR formulará la acusación por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y por el que solicita le impongan una pena de 21 años de prisión.
