Mexicali, BC. Policías municipales arrestaron a seis mujeres activistas que participaron en la marcha por la despenalización del aborto en Tijuana, a quienes trasladaron a la Estancia Municipal de Infractores (EMI) de esta ciudad fronteriza, por faltas administrativas, y a una de ellas a la Agencia del Ministerio Público, por ultrajes a la autoridad.
En un comunicado, el gobierno de Tijuana informó que algunas de las manifestantes esparcieron gas lacrimógeno contra agentes policiacos, de los cuales cuatro resultaron lesionados, además de que hicieron una fogata sobre el boulevard Insurgentes que "provocaron daños a algunas estructuras" por lo que se procedió a su arresto.
Ante la presión de las manifestantes que exigieron la liberación de sus compañeras, agentes dieron a conocer que a una de ellas agredió supuestamente a una persona y el resto entorpeció la acción policiaca coordinada por la oficial Nataly Munguía, quien fue identificada por las activistas.
Pese a que la autoridad omitió la identidad de las detenidas, en la medianoche, An Dy de la organización Juventud Activista Internacional confirmó que en la EMI se encontraban detenidas las activistas Camila Francisca Robledo, Jessica Méndez, Angélica Michelle, Evelyn del Carmen Corona Carrillo, Milagros Domínguez y Jocelyn Olvera Ramos, además que se contaba con abogadas de organizaciones civiles y observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California.
Al terminar la marcha pacífica por la despenalización del aborto, policías detuvieron a manifestantes por supuestas agresiones y se las llevaron en automóviles sin placas, denunciaron en redes sociales las feministas y organizaciones civiles.
Varios grupos sociales, entre ellos Safeyri UABC, Mujeres de Sal, Marea Verde México, Linotipia, Morras de la Periferia y Colectivo Violeta Tijuana, exigieron la liberación de las activistas que se manifestaron en la Macroplaza de Tijuana.
Advirtieron que existen testimonios de que los arrestos fueron con lujo de violencia, y los trasladados en camionetas sin placas, lo que viola la libertad de expresión y derechos humanos.
También responsabilizaron al alcalde Arturo González Cruz, al director del Instituto Municipal para la Juventud, Bryan Manuel Castillo, a la directora de Inmujer, Priscila Velázquez, y al secretario de Seguridad Pública Jorge Alberto Ayón por faltar a su responsabilidad administrativa y jurídica en la protección de los derechos humanos y de la juventud por el arresto registrado la noche del 28 de septiembre.
"Como activista defensora de los derechos humanos repruebo y señalo su incompetencia en la protección de la dignidad y seguridad de las personas detenidas de manera forzada", sostuvo la representante de Juventud Activista Internacional, quién solicitó una investigación profunda a la CNDH, la CEDHBC y a la Sindicatura Municipal para hacer justicia.
