Ciudad de México. El pago de reparación integral del daño a las víctimas indirectas de las 26 personas que perdieron la vida al colapsar el Colegio Rébsamen, el 19 de septiembre de 2017, no es obligatorio cubrir hasta que exista una sentencia definitiva y se distribuya entre todos los involucrados en el caso, afirmó el abogado Rosendo Gómez Hernández.
La propuesta de un millón 760 mil pesos en promedio por cada víctima, planteada el lunes, consideró, debe quedar intermitente hasta concluir los juicios contra los Directores Responsables de Obra (DRO), Juan Mario Velarde Gámez y Juan Apolinar Torales Iniesta.
Además falta que la Fiscalía General de Justicia detenga a otro DRO -y corresponsable de seguridad estructural Francisco Arturo Pérez Rodríguez, quien avaló el soporte del peso para construir el departamento donde habitaba Mónica García Villegas-, dijo.
Tras concluir la séptima audiencia, donde se presentaron peritos en sicología y una víctima indirecta, explicó que, en todos los casos, las sentencias que emitan los jueces serán apelables y hasta en tanto no se tenga una definitiva, los pagos, no se realizarán.
Este miércoles, dijo, se realizará la última audiencia para la individualización de la pena y el próximo lunes, tras concluir la presentación de 60 pruebas, los asesores jurídicos de las víctimas, el Ministerio Público y la defensa, presentarán sus alegatos finales.
Los jueces fijarán el monto de reparación integral del daño y los años que estará la directora del plantel en la cárcel, aunque “la Fiscalía ha sido abusiva al exigir por homicidio culposo, 67 años y seis meses, y por responsabilidad de obra seis años y seis meses”.
El caso, afirmó, “ha estado caracterizado por los excesos de la dependencia, quien “hasta ofreció cinco millones de pesos por la maestra, por cometer un delito culposo, cuando por una persona acusada de abuso y acoso sexual, ofrece un millón”.
Confió en que, los jueces harán un estudio real de la pena, “considerando que no realizó una acción para que ocurrieran los hechos, incurrió en una omisión supuesta, donde se conjugó un sismo, el sobrepeso del edificio y el movimiento de resonancia, y le impongan una pena de tres o cuatro años”.
Reiteró que, la presencia de la subprocuradora de procesos, Alicia Rosas Rubí, cuyo “cargo ya no existe en la FGJCDMX, es de persecución y va en contra de las atribuciones y facultades que le otorga la ley”.
