Madrid. El Tribunal Supremo español acordó por unanimidad ratificar la condena de un año y medio de inhabilitación para cargo público que pesaba sobre el presidente de Cataluña, Quim Torra, por sus reiteradas vulneraciones a la ley electoral en los comicios de abril del 2019 al exhibir en los edificios públicos pancartas y mensajes afines al movimiento independentista.
Con la sentencia, ya firme y agotados los recursos judiciales, se abre una nueva crisis institucional en la región y se abre la interrogante de convocar o no a unos nuevos comicios en mitad de la pandemia del Covid-19. Tras conocer el fallo, Torra advirtió que “no acepto esta sentencia”.
Los últimos tres presidentes de Cataluña han terminado procesados por la justicia española. El primero en ser inhabilitado por convocar y llevar a cabo una consulta independentista en el año 2014. Tres años después, el 1 de octubre del 2017, el que fuera su sucesor, Carles Puigdemont, celebró un referendo de independencia unilateral que le también le llevó a que la abrieran una causa judicial, que todavía está pendiente de resolver ya que el ex presidente catalán optó por refugiarse en Bélgica al considerar que los tribunales españoles carecían de la imparcialidad y neutralidad necesaria.
Precisamente cuando se convocaron a elecciones para superar la crisis abierta en Cataluña por el referendo del 2017, el procesamiento de la mitad del gobierno de entonces y la partida a otros países europeos de la otra mitad, Quim Torra asumió el cargo de presidente de Cataluña y bajo su mandato se abrió el periodo electoral. En plena campaña política, Torra decidió ordenar a todas las dependencias públicas a su cargo que colgaran de las fachadas de los edificios públicos pancartas y alusiones a lo que denominaron “presos políticos”. que a su vez se convirtió en el principal reclamo electoral de las fuerza separatistas.
Los dos partidos de la derecha españolista con representación en Cataluña, el Partido Popular (PP), y Ciudadanos (C´s), presentaron una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la vulneración reiterada de la ley electoral. El propio Torra se jactó públicamente de desobedecer las hasta cinco notificaciones que recibió de la Junta Electoral Central para que se garantizara la “neutralidad” de los edificios públicos en la campaña electoral. Pero Torra decidió mantener su campaña de denuncia y fue procesado por esos hechos, en un juicio en el que el propio imputado se autoinculpó y calificó de “antidemocrática” tanto la legislación como los tribunales.
Ahora, casi un año después de dictada la sentencia, el Tribunal Supremo la ratificó, calificando además de “una contundente, reiterada, obstinada y contumaz resistencia” a acatar las notificaciones y requerimientos de la Junta Electoral Central, por lo que a partir de ahora el presidente Torra no podrá ejercer ningún cargo público, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, como para el desempeño de funciones de gobierno, en los ámbitos local, autonómico y del Estado. Es decir, que tiene que abandonar su cargo en cuanto le sea notificada la sentencia.
Torra podría convocar elecciones anticipadas en las próximas horas, algo que parece improbable, con lo que el escenario más probable es que asuma el cargo el actual vicepresidente, Pere Aragonés, quien tendrá la responsabilidad de convocar elecciones anticipadas en cuanto la situación sanitaria provocada por el Covid-19 lo permita.
Tras ser notificado del fallo, con lo que se hace efectiva la sentencia, Torra realizó una declaración en el palacio de la Generalitat en la que advirtió: “Ni abandono ni me resigno. No acepto esta sentencia. Hacerlo significaría aceptar que esta sentencia la aceptados todos. Llevaré esta causa de libertad a Europa y ganaremos”.
