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Denuncian control del crimen organizado en Chilapa

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Colectivos realizaron la "Marcha por la Paz" en la cabecera municipal de Chilapa en febrero pasado. Foto Cuartoscuro / Archivo
28 de septiembre de 2020 17:32

Chilpancingo, Gro. El Colectivo Siempre Vivos, de Chilapa de Álvarez, entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador, un informe en el que denunció que “el crimen organizado ha tenido pleno dominio durante los gobiernos que le precedieron a usted, inclusive en lo que va de su administración”, informó José Díaz Navarro, representante del colectivo.

En el documento, con copia a diversas autoridades federales, se señala que “Chilapa, desde hace una década es el epicentro de personas desaparecidas, secuestradas y asesinadas por el crimen organizado”.

Su gobierno, agrega, “también nos niega el derecho a la justicia, por estos motivos, tendremos que recurrir a la Comisión contra la Desaparición Forzada de la ONU en Ginebra, Suiza, y a la Organización de Estados Americanos, con la esperanza de ser escuchados y atendidos”

Reclama que “la ombudsperson de México Rosario Piedra Ibarra, ha mostrado total insensibilidad ante nuestra tragedia humanitaria”.

En la denuncia se da a conocer el caso de la familia Guerrero Cuevas: “El taxi de Abel Guerrero Cuevas, fue localizado incinerado, la mañana del 6 de octubre de 2015, en el interior estaba su cuerpo calcinado y decapitado”.

También, relata que el 23 de mayo de 2020, Efigenio Guerrero Cuevas, hermano de Abel, “conducía un taxi y su esposa vendía aguas preparadas de fruta en Chilapa; ahí llegaron unos hombres armados y se lo llevaron; para el 20 de septiembre del 2020, otro hermano, José Guerrero Cuevas, y el 20 de septiembre del presente, mientras conducía su taxi en el centro de la ciudad de Chilapa, se lo llevaron con rumbo desconocido”.

El secuestrador está identificado con el nombre de Omar Loreto Macario a quién apodan El Sapo o El Negro, quien cuenta con orden de aprehensión en SEIDO por homicidio, secuestro y delincuencia organizada; es el jefe de plaza de la comunidad de Acatlán, municipio de Chilapa y pertenece al grupo criminal de Los Ardillos, al igual que su hermano Arístides Loreto Macario, El Marino, recluido en el Cereso de Acapulco, por el delito de homicidio de tres Policías Federales, secuestro y delincuencia organizada.

Los secuestros, homicidios, desplazamiento forzado y desaparición de personas, expone el documento, “es consecuencia de que la Policía Ministerial Federal y la actual Guardia Nacional, se han negado a cumplimentar las órdenes de aprehensión giradas desde el 16 de noviembre del 2016, según la averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/306/2015”.

El colectivo exige que “dé instrucciones al Ejército Mexicano, y a la Guardia Nacional, hagan valer el Estado de Derecho, en Chilapa, donde ha imperado la impunidad y la corrupción de los cuerpos policíacos, aquí es tierra sin Ley”.

Aquí en Chilapa “ impera el grupo criminal Los Ardillos, quienes en una década han causado más de 1500 homicidios incluyendo niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores etc., en su mayoría indígenas; así como un número aproximado de 500 desaparecidos”.

Señor presidente, exclaman por medio del texto, “existe una omisión gravísima por parte de del gobierno federal en Guerrero, operan los grupos criminales, con toda impunidad. No se han cumplido las órdenes de aprehensión en contra de los hermanos Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez, máximos líderes del grupo criminal ya mencionado y de otros 23 delincuentes de la misma banda, que se libraron desde el 16 de noviembre del 2016”.

Existe el cobro de piso, controlado por la célula criminal representada por Hermelindo Cuchillo Axel, alias el Hermes, “a quien la Guardia Nacional y los cuerpos policiacos, le brindan respeto, porque no lo tocan en su modo de operar.

"En Chilapa, se vive un estado de terror ante los criminales que operan en este lugar, donde la gente tiene miedo a hablar, porque si lo hacen, firman su sentencia de muerte”.

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Al parecer un ex alcalde, quien ya fue detenido y acusado del asesinato, había amenazado de muerte a la víctima en varias ocasiones.

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Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la dependencia explicó que “de personas desaparecidas, tenemos datos de prueba contundentes, que sí fueron víctimas de un delito en especial, son 390 personas”.
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