Ciudad de México. A seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las recientes indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) han establecido que en la administración pasada el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado, que todas sus instancias desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos lo sucedido con los estudiantes, señaló el fiscal general Alejandro Gertz Manero, al dar a conocer el informe institucional de este asunto.

En ese contexto, el Ministerio Público Federal ha centrado las investigaciones de la participación del Ejército en tres integrantes de la Defensa Nacional, por actos de omisión y presuntamente en algunos de estos casos porque habrían recibido sobornos de Guerreros Unidos para no afectar sus operaciones, revelaron funcionarios federales.

Ante padres de las víctimas, integrantes de organizaciones sociales y autoridades del gobierno federal, en un acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gertz Manero expresó en una transmisión por videoconferencia que también se ha determinado que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado y que éste recibió como pago mil millones de pesos que se robó de la extinta Procuraduría General de la República.

La evidencia recabada también revela que la diligencia en la que se encontraron fragmentos óseos en el río Cocula en octubre de 2014 –inspección fundamental en la teoría del caso que sostiene que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, sus restos triturados, metidos en bolsas y luego arrojados a la corriente de ese afluente– fue un montaje en el que la agente del Ministerio Público encargada de dar fe de ella, firmó el reporte estando en la Ciudad de México y ahora está bajo proceso.

De Zerón de Lucio, a quien se refirió sin mencionarlo por su nombre, el fiscal dijo que se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal.

En torno a la privación de la libertad y posterior desaparición de los normalistas, las recientes investigaciones sostienen que la presencia de los estudiantes fue un coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar.

Con base en las investigaciones realizadas, hubo una matanza que ocurrió de forma simultánea a la desaparición de los jóvenes. Hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos, a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes.

Gertz Manero puntualizó que autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia estatal en Iguala, por lo que, dijo, es necesario que integrantes del Poder Judicial de Guerrero rindan cuentas al respecto, se los estamos exigiendo y haremos que lo cumplan.

Por lo que toca al ex titular de la PGR –sin mencionar por su nombre a Jesús Murillo Karam–, indicó: Éste se convirtió en encubridor y vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles. Mientras patrocinaba procesos que tenían como único destino y propósito su fracaso.

Las órdenes de aprehensión

El fiscal especial del Caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo informó que en esta administración se han obtenido 70 órdenes de aprehensión, concedidas y otorgadas por los análisis de pruebas que los propios jueces han hecho; 34 órdenes para policías municipales, de las cuales ya se cumplimentaron 24, faltan 10; además, otras 25 órdenes en contra de autores materiales e intelectuales de la desaparición y estas órdenes comprenden a policías de diversas municipalidades, policías federales, miembros del Ejército, así como funcionarios y ex funcionarios de la extinta PGR y miembros de la delincuencia organizada.

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas externó: Se han liberado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas, por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, entre otras, y se ha detenido a 34 personas, entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo, policías federales ministeriales, agentes del Ministerio Público Federal, ex policías federales y policías municipales, con lo que suman 80 personas detenidas al momento.