Mexicali. Siete activistas que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa estuvieron detenidos durante 24 horas acusados de supuesto daños en propiedad ajena tras ser arrestados la tarde del sábado por policías municipales de Tijuana, acusados de realizar pintas a tres inmuebles, durante una manifestación en la Zona Rio.
Los jóvenes, estudiantes universitarios e integrantes de organizaciones civiles y políticas, permanecieron en la Unidad de Investigación de Detenidos de la Fiscalía General del Estado y fueron liberados pasadas las 18 horas del domingo (tiempo local) al concluir el plazo para presentar alguna querella en su contra; no obstante, el proceso penal continúa en el Ministerio Público.
El fiscal Hiram Sánchez confirmó que quedaron en libertad tras el desestimiento del representante de la empresa Farmacias Guadalajara de "no presentar querella por algún acto constitutivo de delito". El ayuntamiento tampoco interpuso denuncia.
Miguel Orea Santiago, regidor independiente de Ensenada e integrante del movimiento por los desaparecidos de Ayotzinapa, informó que para obtener el desestimiento repararon el muro dañado de dicha compañía y “logramos el objetivo de liberarlos”.
Fernando Buitimea, Salvador González, Jesús Rangel, Luis Sandoval, Alfredo Moran, Antonio Law y Alejandro Ruiz, militan en agrupaciones como Organización Política y Popular de Trabajadores, Frente Popular Revolucionario y Unión de Juventudes Revolucionarias de México.
Sus familiares rechazaron que hayan participado en alguna pinta o grafitti por lo que acusaron que se trató de un proceso penal lleno de irregularidades en el que se violó la libertad de expresión en un operativo en el que participaron unos 300 policías e incluso "guardias blancas".
Orea Santiago, que se convirtió en abogado defensor de los activistas, dijo que el gobierno estatal de Morena, a cargo de Jaime Bonilla, recurre a la represión con la fuerza policial y pretende acallar voces de ciudadanos y activistas que protestan contra la inseguridad, feminicidios y los desaparecidos políticos.
Consideró que con el homicidio de Óscar Eyraud Adams, activista indígena kumiai por la defensa del agua de los pueblos originarios del municipio de Tecate, el pasado fin de semana, el gobierno está perdiendo en control y ahora pretende inhibir la participación ciudadana.
El gobernador Jaime Bonilla reconoció la actuación policial en el arresto de los manifestantes al asegurar que se originó por daños causados durante la marcha a edificios públicos y propiedad privada, lo que justifica la acción policíaca, ya que, dijo, “rayaron dos negocios e instalaciones que son parte del ayuntamiento de Tijuana” por lo que la detención fue legal y “correcta”.
La autoridad municipal lo acusó pintar las instalaciones de un banco, una farmacia y un centro de negocios, durante la marcha del monumento al Libro de Texto Gratuito a la fiscalía, por lo que se les arrestó a las 16 horas del sábado en el bulevar Aguacaliente. (con información de Juan Pablo Guerra/La Jornada Baja California)
