Ciudad de México. Al afirmar que la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa -construida el sexenio pasado- “se ha colapsado”, el presidente de la Comisión de la Verdad y subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, subrayó que no habrá impunidad, no se protegerá a nadie y se castigará a los culpables sean quien sean.

“Aquí no estamos cansados ni nos vamos a cansar”, dijo al presentar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador el informe de la investigación para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Destacó la colaboración de todas las dependencias federales, en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional que ha entregado, dijo, toda la información solicitada de los batallones 27 y 35 establecidos en Iguala respecto de personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos, y órdenes de operación, entre otras.

La Sedena puso a disposición de esta comisión presidencial y del ministerio público a todos los elementos del 27 Batallón para presentar declaraciones ministeriales.

Igualmente denunció la “lamentable actuación de algunos jueces que con sus determinaciones han liberado a presuntos perpetradores de la desaparición de los estudiantes”.

Aseveró que “la única verdad es que no hay verdad, y que encontrarla es la encomienda que vamos a cumplir”, pese a las resistencias y acciones del viejo régimen, las cuales “no nos amedrentan ni nos van a detener”.

También hay -resaltó- una contraofensiva de los voceros de la verdad histórica, quienes pretenden frenar los resultados, filtrar la información, confundir, desorientar y desacreditar la investigación.

El informe se emite esta mañana en Palacio Nacional. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio su mensaje vía remota. Y, aunque hay un acuerdo de coordinación con el Poder Judicial “para romper el pacto de silencio”, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, determinó no acudir al informe.

Fuentes de la Corte dijeron que la eventual asistencia del ministro podría poner en riesgo el debido proceso porque posteriormente tocará a juzgadores resolver expedientes de la investigación.

En el recuento de las nuevas líneas de investigación, el subsecretario Encinas destacó la conclusión de que a partir de la evidencia científica “la verdad histórica carece de respaldo comprobable y demuestra que en ningún momento se reunieron los 43 estudiantes en su desaparición”.

Relató que atendiendo la demanda de los padres y madres de los normalistas, se suscribieron convenios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, para la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual se encuentra plenamente integrado y coadyuva de manera estrecha con las investigaciones.

Asimismo, se mantiene la coadyuvancia del Equipo Argentino de Antropología Forense en las tareas de búsqueda e identificación humana, así como el apoyo de instituciones como los laboratorios de la Universidad de Innsbruck en las tareas de identificación genética.

Encinas puntualizó que se han retomado los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes; los del Mecanismo de Seguimiento creado por la CIDH; el informe de la OACNU-México, la recomendación de la CNDH, la investigación de la Procuraduría General de la República, las sentencias y mandamientos emitidos por el Poder Judicial y se han promovido nuevas líneas de investigación, partiendo de la premisa, subrayó, que la única verdad es que no hay verdad.

Pista a llamadas telefónicas

Puntualizó que el equipo coordinador de las investigaciones ha analizado millones de registros de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018, lo cual arrojó 206 mil registros de interés, una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y 116 números telefónicos ubicados en las zonas de los ataques durante las horas críticas del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Con este análisis, explicó, hoy se cuenta con información que permitirá a la FGR determinar la operación del grupo delictivo y sus células, la participación de las fuerzas de seguridad y de quiénes perpetraron las agresiones contra los estudiantes, sus comunicaciones y desplazamientos en la ciudad de Iguala y municipios circunvecinos, el papel de la estructura delictiva en la toma de decisiones, horarios de los hechos y un seguimiento por minuto de los actores principales.

Búsqueda en campo

En cuanto a la búsqueda detalló que con base en distintos informantes, testigos, sobrevivientes, denuncias anónimas y otras fuentes, se han desarrollado 30 acciones en campo, lideradas por la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, con tecnología de punta para explorar 217 puntos de interés en seis municipios de Guerrero, sumando 171 jornadas de trabajo.

En 25 de estas búsquedas se han obtenido resultados negativos y en las cinco restantes se han registrados hallazgos. Por ejemplo: en el Amate, municipio de Cocula, se exhumaron seis cuerpos; en la Barranca del Tigre, en Iguala, se localizaron fosas con 21 cuerpos, de los cuales se ha identificado a seis personas distintas de los estudiantes desaparecidos.

Identificación genética

Resultado de las acciones de búsqueda con informantes, el 20 de noviembre de 2019 se encontraron más de un centenar de fragmentos óseos en una extensa superficie de la Barranca de la Carnicería en el ejido de Cocula, a 800 metros de distancia del basurero municipal, tres de los cuales resultaron ser susceptibles de identificación genética, mismos que fueron enviados junto con otros fragmentos hallados en la Barranca del Tigre, en Iguala, a los laboratorios de la Universidad de lnnsbruck.

El 18 de junio de 2020 la Universidad de Innsbruck notificó a la UEILCA la coincidencia genética de un resto óseo recuperado en el ejido de Cocula con la familia del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

El Equipo Argentino de Antropología Forense ratificó lo informado por Innsbruck, a partir de lo cual el 5 de julio de 2020 se le notificó en su domicilio en el municipio de Tixtla, Guerrero, a la familia Rodríguez Telumbre de los resultados obtenidos, posteriormente se informó a los integrantes de la Comisión durante la sesión el 7 de julio y finalmente al resto de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 10 de julio de 2020 en la reunión de trabajo encabezada por el Presidente de la República.

“Esta identificación genética marcó un importante precedente dentro de la nueva investigación, al cuestionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los que se fundó la llamada verdad histórica, que señaló al basurero de Cocula como destino final de los 43 normalistas”.

Como resultados adicionales a la investigación de Ayotzinapa, se realizó el análisis antropológico, médico, odontológico y genético de 245 cuerpos recuperados de fosas clandestinas entre 2014 y la fecha 2020 en esta región del estado de Guerrero, de los cuales, la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR identificó a 22 personas que han retornado con sus familiares.

Juicios y órdenes de aprehensión

En cuanto a los procesos judiciales, Encinas puntualizó que de marzo a la fecha se han liberado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, entre otras, y se ha detenido a 34 personas, entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo, policías federales ministeriales, agentes del ministerio público federal, ex policías federales y policías municipales, con lo que suman 80 personas detenidas al momento.

"Atendiendo la instrucción presidencial de que este gobierno no encubrirá a ningún funcionario público, destacan las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal Castilla, ex ministerio público, encargada de “legalizar” la verdad histórica”, explicó.

Enseguida lamentó la actuación de algunos jueces que han liberado a presuntos perpetradores de la desaparición de los estudiantes.

Es el caso del juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado la libertad absoluta e inmediata de 77 personas detenidas por su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

Además del juez noveno de distrito, Gabriel Domínguez Barrios, quien, por el pago de una multa de 10 mil pesos, dejó en libertad a Marco Antonio R., quien había sido recapturado tras su deportación de Estados Unidos, o del secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito Penal, Marco Aurelio González, quien recibió un soborno con el que pretendía otorgar la libertad a Ángel C., quien se encontraba prófugo desde 2015.

“Debo decirlo con toda claridad, y asumo mi responsabilidad, estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la sociedad. Son una burla a la justicia. Alientan el silencio y la impunidad y dan cuenta de la corrupción que prevalece en distintas áreas del sistema de impartición de justicia de nuestro país”, dijo.

Al final de su mensaje, el subsecretario Encinas advirtió que la investigación se encuentra en la etapa más compleja.

“Estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y la ruptura del pacto del silencio para esclarecer un crimen de Estado a 6 años de distancia”.

Ayotzinapa, destacó, representa una afrenta a la sociedad, una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país, que ha dejado una profunda herida que lastima a los familiares de los normalistas y a toda la sociedad.

“La verdad histórica se construyó con base en la simulación, la fabricación de pruebas y la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”.

Por tanto, dijo, corresponde romper los candados de intereses ligados al crimen organizado y al poder público.

“Romper el pacto de silencio e impunidad y deslindar responsabilidades para que la justicia alcance a todos los involucrados, y reafirmamos: No habrá impunidad”.

Pero también queremos ser claros, acotó, “no generaremos falsas expectativas, ni construiremos una nueva verdad histórica, nuestro objetivo es conocer la verdad por dolorosa que esta sea”.