Lo que más coraje nos da es la destrucción de evidencias, como los seis videos del Palacio de Justicia de Iguala, donde las cámaras captaron cómo fueron llevados entre 15 y 20 estudiantes a Huitzuco. Los videos pueden aclararnos cuántas patrullas eran, quiénes eran esos policías y hacia dónde se los llevaron. Son datos muy importantes porque hasta la fecha no sabemos el paradero de este grupo de estudiantes. Es increíble que a seis años las autoridades del Poder Judicial del estado se hagan ojos de hormiga. Ese es el cinismo que no podemos tolerar, porque muchos funcionarios fueron copartícipes en la destrucción de las evidencias. Ellos mismos consintieron que se sembraran pruebas en las escenas del crimen y otras, que eran importantes, las destruyeron.

Ahora vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta muchos obstáculos, porque dentro de la misma Fiscalía General de la República existen funcionarios de la antigua administración que participaron en la construcción de la verdad histórica, y son un impedimento para avanzar en las nuevas líneas de investigación. Los mismos jueces han puesto en libertad a muchos detenidos y con José Ángel Casarrubias, El Mochomo, se volaron la barda, porque un juez le puso un alto precio a su libertad. El mismo Presidente dijo que su liberación tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado. Por eso hemos estado alertas para que todas las autoridades jalen parejo y no abusen de sus poderes. El Ejército y el Poder Judicial han sido reticentes para alinearse en esta ruta que hemos trazado para alcanzar la verdad y la justicia. Fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal, para emplazar a las autoridades a que investiguen y sancionen a los jueces que inclinan la balanza de la justicia hacia el dinero.

Con la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, hemos podido construir una plataforma muy importante, porque nuestra palabra tiene eco entre las autoridades y hay avances significativos. Por ejemplo, existe una gran diferencia entre la búsqueda que hizo el gobierno anterior, hecha sin estrategia, sin objetivos claros. Sin contar con información objetiva, sin haber analizado los datos obtenidos. Fue una búsqueda a ciegas, muy aparatosa y costosa. No hubo avances porque la misma investigación estaba sesgada, por eso no les interesó buscar en otros lugares, como en la barranca de la Carnicería, porque ya tenían armada su historia. Las búsquedas que hoy se sustentan en datos de prueba objetivos, sobre todo de personas que colaboran eficazmente. Con testigos que van identificando lugares donde pudieran encontrar restos. Son búsquedas más organizadas porque parten de un trabajo previo y de un análisis del contexto y de la misma orografía. Está información de los testigos se procesa y es la que ayuda a planear las búsquedas. Por eso, ahora se ha tenido oportunidad de conocer mejor cómo se hacen los recorridos y el barrido. Son trabajos más exhaustivos y profundos. Uno de los resultados alcanzados es la identificación de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, porque con esto quedó demostrado que no fue veraz la versión del gobierno anterior, que en el basurero de Cocula habían quemado a todos los estudiantes.

Con mucho dolor en nuestro corazón sentimos que vamos avanzando en la búsqueda de nuestros hijos. Seguimos exigiendo que continúen las búsquedas en vida, porque nunca perderemos la esperanza de que regresen a casa. Esta lucha es un tormento. Son días y noches de mucho sufrimiento. Con la mirada siempre puesta en el nuevo amanecer, tenemos la corazonada de que un día nos darán la sorpresa. Las búsquedas en terreno nos han dado la pauta de que sí podemos avanzar en la dirección correcta, para dar con el paradero de nuestros hijos. Por eso hemos tenido que participar en estos trabajos para corroborar cómo avanza la fiscalía.

Para nosotros lo más importante es que la fiscalía ponga todo su empeño para detener a todos los que saben adónde se llevaron a nuestros hijos. Mientras no se logren estas detenciones, las buenas intenciones del Presidente serán insuficientes, porque seguiremos estancados en meros trámites burocráticos y estadísticas huecas que siguen prolongando nuestro ­sufrimiento.

El nuevo gobierno tiene que dar un salto cualitativo para desmontar todo el aparato gubernamental, que se confabuló con grupos de la delincuencia organizada. Por eso urge desactivar a los grupos y personas que operan dentro de las instituciones que encubren a los perpetradores. No basta ubicar a Tomás Zerón en Israel, se requiere ejercer la orden de aprehensión. Lo mismo debe hacerse con los policías federales, los policías municipales y miembros del Ejército, porque ellos fueron los responsables de las desapariciones de nuestros hijos. No vamos a permitir que la incertidumbre nos consuma y apretuje el corazón. Si existe un gobierno diferente se tiene que romper el pacto de impunidad y se tienen que desbaratar las redes criminales que hunden sus raíces en los sótanos del poder público.

No queremos que, con la pandemia, la Fiscalía General encuentre el argumento para no avanzar en las órdenes de aprehensión que están pendientes. La justicia es una actividad esencial, que no puede parar, porque de esta lucha dependen la vida y la salud de nuestros desaparecidos. La falta de verdad es parte de la brecha de la desigualdad social que padecemos en México. Los que trabajamos en el campo no sólo cargamos siglos de olvido, sino que padecemos gobiernos caciquiles, represión militar, persecuciones, torturas y desapariciones forzadas. Es un continuum de impunidad, una estela de muerte y una época sombría donde aún no despunta la aurora de la justicia. Nuestro corazón en llamas espera que llegue ya el momento luminoso de la verdad.

*Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan