Ciudad de México. Comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de más de 10 estados de la República, acompañadas por diversas organizaciones civiles, anunciaron la conformación de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), cuyo objetivo es promover una serie de reformas legales para defender los derechos de los pueblos originarios en México.
En un comunicado conjunto, los pueblos y colectivos participantes en la iniciativa lamentaron que la “nación pluricultural” prevista en la Constitución mexicana “sigue siendo una quimera”, pues las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y violando sus derechos fundamentales.
“A pesar de que en los hechos los pueblos siguen construyendo su autonomía, vemos día con día a gobiernos, empresas y el crimen organizado atentar contra las estructuras tradicionales de toma de decisión, e invadir los territorios con proyectos de muertes, por medio de la violencia, la corrupción y falsas consultas”, señalaron.
En este escenario, en el cual se divide el tejido comunitario de los pueblos y se ataca y criminaliza a comunidades y defensores indígenas, los integrantes de ALDEA enfatizaron que “se requieren medidas eficaces y coordinadas, incluidas reformas del marco jurídico, político e institucional encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como tierras, territorios y recursos naturales”.
Entre los temas prioritarios de la organización está la exigencia de reconocer los pueblos y comunidades como sujeto de derecho público; derogar las distintas formas de despojo legal de los territorios indígenas, vigentes en las leyes energéticas y la Ley Minera, y oficializar la prohibición de la práctica de la fracturación hidráulica o fracking.
Asimismo, a los gobiernos y congresos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca les pidieron aprobar las reformas en las constituciones y leyes locales para el pleno respeto y garantía del autogobierno y los sistemas normativos y de seguridad propia, promovidas por pueblos y comunidades en estos estados.
A la Secretaría de Gobernación y a los órganos de seguridad y procuración de justicia, los llaman a “implementar medidas y sanciones efectivas que aseguren a comunidades, organizaciones y defensores el ejercicio pacífico de su labor de defensa de derechos humanos y no ser víctimas de agresiones y actos de criminalización”.
