Ciudad de México. A más de un año de que inició el programa piloto de afiliación a la seguridad social para trabajadoras del hogar, en abril de 2019, poco más de 23 mil 700 han sido inscritas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -de acuerdo con datos de agosto pasado-, lo que representa menos del uno por ciento de las 2.4 millones de personas que se dedican a esta actividad, señaló Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
En la presentación de la campaña #TrabajoEnCasaEsTrabajo, con la que se busca despertar la solidaridad de empleadores para que en la crisis por la pandemia de Covid-19 garanticen los derechos de esta población, recordó que en octubre próximo vence el plazo de 18 meses, fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para terminar con la prueba piloto y proponer las modificaciones legales para que sea obligatoria la seguridad social para este sector; no obstante se iniciará una segunda fase para mejorarlo.
Al respecto, Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, expuso que el IMSS presentará un informe sobre el programa piloto y con base en éste el Poder Legislativo podrá discutir qué medidas se requieren para “alinear los derechos de las trabajadoras de hogar previstos por el Convenio 189”.
Juliette Bonnafé, especialista de programas en ONU Mujeres México, señaló que ante el contexto actual urge que los empleadores asuman la responsabilidad de proteger las garantías de las personas que se dedican al trabajo doméstico.
Señaló que México es de los países de América Latina “con cobertura más baja en el sistema de seguridad social, inferior al 10 por ciento en la región”, y entre las personas afectadas, entre 11 y 18 millones se dedican al trabajo en el hogar remunerado, de las cuales 93 por ciento son mujeres.
En conferencia digital, añadió que según estimaciones de la OIT, más del 70 por ciento de las trabajadoras domésticas en América Latina se han visto afectadas por las medidas de cuarentena por Covid-19, ya sea por desempleo o reducción de salarios.
María de la Luz Padua, una de las secretarias colegiadas del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar -que cuenta con mil 500 agremiados-, dijo que de febrero a la fecha atendieron más de 400 asesorías laborales, de las cuales entre el 60 y 70 por ciento fueron de personas descansadas sin goce de salario o con reducción del mismo sin previo aviso, y el 30 por ciento fueron despedidas injustificadamente.
