Ciudad de México. La experiencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ha analizado la indagatoria del Estado mexicano en el caso Ayotzinapa demuestra que el país necesita el apoyo de instancias internacionales para romper con la dinámica de violencia e impunidad que sufre, la cual no va a terminarse únicamente por la voluntad política de las autoridades.

Así lo indicaron los participantes en el conversatorio virtual “Ayotzinapa: hacia la verdad”, organizado este jueves por la organización Amnistía Internacional México, quienes destacaron cuáles fueron las principales dificultades que encontró el GIEI durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando quedó claro que no avalarían la llamada “verdad histórica”.

James Cavallaro, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –entidad que organizó la formación del GIEI—señaló durante el foro que una de las grandes ventajas que ha tenido este grupo para profundizar en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos es justamente su procedencia externa y su independencia del gobierno local.

“Debió llegar desde afuera un equipo con garantías, con seguridad, sin posibilidad de corromperse en México, gracias a dios, porque cuando un mexicano no cumple lo ordenado por grupos de delincuentes, sabe que puede morirse” él y su familia, lamentó el hoy director de la organización University Network for Human Rights.

En ese contexto, el especialista resaltó que “México está en el momento de aceptar el apoyo internacional de grupos como el GIEI para quebrar el ciclo de impunidad. No basta con declarar que se va a acabar toda violación de derechos humanos en el país. No es suficiente; debemos juntar capacidades y fuerzas para superar este grave problema”.

Cavallaro recordó que la actitud del gobierno anterior de México cambió “bruscamente” cuando supo que el GIEI no avalaría la “verdad histórica” –según la cual todos los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula--, lo cual incluso tuvo “consecuencias políticas” para la CIDH, como el recorte de los fondos que le aportaba el país al organismo interamericano.

“El Estado mexicano hizo de todo para que el GIEI no se saliera de límites aceptables y para que su composición no fuera problemática, pero cuando se entera del contenido de su primer informe, ahí las cosas comienzan a cambiar.

“Hubo un cambio brusco de actitud cuando se vio que el GIEI podía mostrar que el ex procurador (Jesús Murillo Karam) hubiese trabajado para falsificar la investigación; que un tal Tomás Zerón había estado torturando a personas para que contaran versiones no relacionadas con la verdad, es cuando México comienza a ver a la CIDH y hasta a mi persona, en vez de cómo una aliada, como una enemiga”, recordó.

Por su parte, Carlos Beristáin, integrante del GIEI, subrayó que este colectivo encontró fuertes resistencias en las instituciones mexicanas para citar a militares supuestamente involucrados en los hechos, para clasificar lo ocurrido como una desaparición forzada e incluso para reconocer la existencia de un quinto autobús en el que viajaban los normalistas el 26 de septiembre de 2014, y consideró que para llegar a la verdad hace falta más que buena disposición de los gobernantes.

“No sólo se requiere voluntad política, sino también metodología y trabajo”, enfatizó el médico y sicólogo español, quien de todas formas saludó los avances que ha habido en la actual administración, entre ellos “no aferrarse a la ‘verdad histórica’” y empezar a detener a ex funcionarios supuestamente involucrados en la desaparición de los 43.

Beristáin lamentó que la tortura cometida en el gobierno anterior a algunos acusados de los hechos hizo que muchas pruebas “quedaran inservibles porque no sabes qué es verdad y qué es mentira”, pero al mismo tiempo destacó la importancia de que los familiares de los estudiantes sigan luchando y mantengan el asunto en la agenda pública.

“Hay que empezar todo de nuevo y ampliar el foco de la investigación hacia la Policía Federal, la Policía estatal, miembros del Ejército que hay que investigar, otras policías municipales implicadas. Son evidencias que deben judicializarse”, dijo.