Un juez de Distrito de Procesos Penales Federales de Ciudad de México libró una orden de aprehensión en contra del ex coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito, Luis Cárdenas Palomino, uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad (SSP) federal en el sexenio de Felipe Calderón.
La Fiscalía General de la República, lo acusa por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, ex pareja sentimental de la francesa Florence Cassez, y otras tres personas.
De acuerdo con la causa penal, de la que tiene copia La Jornada, el juez también libró órdenes de captura en contra de Maricela García Toledo, María Soledad Bonilla, Rafael Msyorga, Ricardo Coatzo Lozano, Cristian Arturo Fabila, Alberto Jesús Cano, Fernando Valdez, Jaime Hazael, Julio Ávila, Maclovio Barcenas, Facundo Paúl Huerta y Horacio Parra, por su probable responsabilidad en la comisión de tortura previsto en el artículo 3 de la Ley Federal para prevenir y sancionar este tipo de prácticas.
Cárdenas Palomino es investigado en México por otro delito debido a su posible colaboración en el desvío de más de 2 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación (Segob), hacia empresas propiedad de García Luna, según señaló en diciembre pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
Expedientes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lo implican en el asesinato de un taxista, Jesús Palafox Aranda, ocurrido en agosto de 1987, crimen que habría cometido junto con otros de sus amigos durante una noche de juerga.
El ex mando policiaco, quien también se desempeñó como coordinador de la División de Seguridad Regional de la SSP, cargo al que renunció en diciembre de 2012, mediante una carta que publicó en su cuenta de Facebook.
Durante su trayectoria pública, el ex funcionario estuvo involucrado en el montaje efectuado en diciembre de 2005 para representar la captura de Florance Cassez, acción que finalmente fue definido como un “efecto corruptor” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevó a ordenar la liberación de la ciudadana francesa.