Ciudad de México. Como parte de los esfuerzos para resolver la crisis que vive el país en materia de identificación de cadáveres, el gobierno de México ha comenzado a crear “cementerios forenses” en diversas entidades federativas, donde se analizarían restos mortales que aún no se sabe a quién pertenecen, señaló la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana.

Durante un foro virtual organizado este jueves por el colectivo Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la funcionaria admitió que en el país todavía existe un gran rezago en la labor de darle nombre y apellido a los miles de seres humanos cuyos cuerpos permanecen en servicios médicos forenses sin que se sepa quiénes son.

“Lo que sí hemos podido hacer dentro de lo que la ley nos faculta es fortalecer algunas instituciones forenses, como en el caso de Coahuila, donde hace apenas unas semanas se inauguró el centro de identificación humana, que por supuesto no será realmente inaugurado hasta que se dé la primera identificación”, indicó Quintana.

De igual forma, “hemos también impulsado la creación de un centro de identificación en San Luis Potosí y cementerios forenses en Tamaulipas y Michoacán, y estamos empezando acciones en otros estados como Sonora y Colima”.

La titular de la CNB elogió el papel de las familias de las víctimas en la creación de leyes y organismos que buscan resolver el fenómeno de las desapariciones forzadas y cometidas por particulares, e informó que hasta ayer en la mañana se tenía registro oficial de 75 mil 361 personas cuyo paradero se desconoce.

En ese contexto, señaló que la reciente aceptación del Estado mexicano a la facultad del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de recibir casos individuales no es la única acción que debe realizarse, sino también el cumplimiento de las acciones urgentes que emite dicha entidad, cuyo cumplimiento es obligatorio.

Quintana recalcó que las personas desaparecidas tienen el derecho humano de ser buscadas, y admitió que en México hay un número muy reducido de sentencias por el delito de desaparición forzada, pues únicamente existen 25, tanto a nivel federal como local, de las cuales seis corresponden a un mismo caso.

En el foro participaron también funcionarios de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del propio CED, quienes saludaron la aceptación de México a la facultad de este último organismo de analizar casos individuales.

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