Buenos Aires. El espionaje ilegal instrumentado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el anterior gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019) a dirigentes opositores, legisladores, periodistas, jueces entre otros, alcanzó también a los familiares de los 44 marinos, tripulantes del submarino Ara San Juan que desapareció en el Atlántico Sur, al parecer por una explosión mientras se desarrollaban maniobras navales de Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile en esa zona cercana a las Islas Malvinas, a fines de 2017.

Los deudos de las víctimas, cuyos cuerpos no fueron rescatados, después del hallazgo de los retos del submarino en el fondo del mar por una empresa contratada gracias a la búsqueda dolorosa e incesante de las familias, a las cuales le mintieron las autoridades durante meses, en especial el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad y el propio Macri, calificaron como “muy perverso” el hecho de haber sido espiados en semejantes circunstancias.

Incluso para ser escuchados bajo el frío de un invierno duro en junio de 2018 se encadenaron y acamparon delante de la casa de gobierno, en condiciones inhumanas declarando sentirse “abandonados por parte del gobierno nacional y de la Armada(…) no nos vamos a mover hasta que el gobierno resuelva esta situación de buscar una empresa de cualquier país, que sea viable para hallar al submarino y a sus tripulantes”.

Hasta ahora no se saben que pasó con el submarino encontrado después de meses de búsqueda por parte de varios países a los que al parecer se les entregó información falsa del lugar donde estaba el submarino encontrado por una empresa que exigieron los familiares durante meses.

La interventora de la AFI, Cristina Camaño, quien denunció las pruebas del espionaje ilegal, se presentó ante la justicia con las pruebas encontradas en la delegación de ese organismo en Mar del Plata sobre el seguimiento a los familiares de los 44 marinos.

“No estábamos hablando ni de terroristas ni de crimen organizado, sino de un grupo de familiares que estaba tratando de buscar a los familiares que quedaron atrapados en el submarino ARA San Juan, o sea que resulta perverso este espionaje”, dijo Camaño, después de presentar la denuncia y pedir la indagatoria de Macri, los ex titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que son investigados por decenas de víctimas del espionaje ilegal.

Por otra parte mientras se desarrollan los juicios contra responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura (1976-1983), que estaban paralizados durante el gobierno de Macri, la organización de Abuelas de Plaza de Mayo, está profundamente conmovida por la muerte del nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela, de 43 años restituido a su familia en febrero de 2010.

En este caso fue uno de los pocos que pudo encontrarse con su padre, Abel Madariaga, quien estaba en la clandestinidad en el momento en que secuestraron a su esposa Silvia Quintela embarazada y llevada al centro clandestino de detención en Campo de Mayo. Al parecer tuvo su hijo en el hospital militar donde fue apropiado por el oficial del ejército Víctor Alejandro Gallo, del siniestro batallón 601 de inteligencia. Silvia sigue desaparecida.

“La infancia de Francisco fue tortuosa, sufrió violencia física y sicológica por parte de su apropiador, que lo mantuvo cautivo como botín de guerra y como consecuencia de esos maltratos desde temprana edad, se le declaró una diabetes insulinodependiente con la que peleaba a diario", escribieron las Abuelas al destacar que “Francisco buscó su verdad, se encontró con su padre, con su historia, con su familia y construyó muchos vínculos y amistades(…) queremos acompañar especialmente a nuestro compañero Abel, secretario y único padre que integra Abuelas, quien está internado por coronavirus. También se pronunciaron en este caso el presidente y la vicepresidenta de la Nación.