Ciudadanos de 24 entidades del país impulsan un amparo colectivo nacional contra el cambio climático y por el derecho humano a un medio ambiente sano, diez recursos ya fueron admitidos. Con ello se demanda el impulso a las energías renovables y se reclama al gobierno la omisión en enfrentar el calentamiento global.
Luis González Lozano, director de la organización Cambio de ruta de San Luis Potosí, en conferencia de prensa con Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, informó que los amparos se promovieron en los juzgados de las entidades, varios se declararon incompetentes y los expedientes fueron enviados a la Ciudad de México y otros fueron desechados.
Dijo que esta estrategia no sólo impugna el acuerdo que obstaculiza las energías renovables, sino que reclama al gobierno su omisión de combatir el cambio climático y la ausencia de políticas públicas efectivas, así como el concepto de gozar de un planeta sano, lo que permite entender al mundo como el ecosistema.
Por su parte Jacqueline Valenzuela, directora del Centro de Energías Renovables y Calidad del Ambiental (Cerca), explicó que ciudadanos de los cuatro municipios de Baja California Sur, presentaron el amparo 497/2020 ante el juez Tercero de Distrito con sede en La Paz, Jorge Alberto Camacho Pérez, contra la Instalación de Unidades Móviles Eléctricas en la Central de Combustión Interna (CCI) de la entidad y turbinas aeroderivadas; la construcción de una Central de Ciclo Combinado en 2021 y la unidad Baja California Sur VI para el año 2022, así como el uso de recursos públicos para infraestructura eléctrica, que omite el empleo de energías renovables.El amparo ya fue admitido y está en espera de resolución.
A su vez, Luis Miguel Cano, consultor legal de Greenpeace, recordó que la organización obtuvo recientemente en el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, la suspensión definitiva en el amparo 372/2020, contra el Programa Sectorial de Energía 2020-2024.
Destacó que “una de las razones para cuestionar el Prosener, fundamento de la política energética de este gobierno, es asegurar que esa política pública sea respetuosa de los derechos humanos y especialmente comprometida con las nuevas generaciones, no solo el reflejo de la visión presidencial del sexenio”.
