Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, datos de la Fiscalía General de la República y, por supuesto, el número de denuncias presentadas entre otras instancias por la UIF, se presenta un monto estimado de un billón de pesos entre 2016 y 2018, como ganancias de los grupos delictivos, dijo Nieto Castillo en la presentación de la Evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (ENR).

Aclaró que esta metodología tiene que revisarse, pues la cantidad seguramente será mayor a partir de los denuncias a la FGR.

La ENR presentada es la primera que elabora el actual gobierno. Nieto Castillo destacó que a nivel regional se han identificado 19 bandas delictivas mexicanas de alto impacto y dos de ellas de naturaleza supranacional: el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico.

Indicó que durante la pasada administración federal vimos desafortunadamente el crecimiento de ocho organizaciones de carácter regional: El cártel Unión Tepito, el de Tláhuac, ambos en la Ciudad de México; Los Viagra, en Michoacán; el cártel del Noroeste, en Tamaulipas; el Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; el Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos, en Guerrero.

En conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional precisó que en lo que va del sexenio los montos bloqueados a estas organizaciones consideradas la principal amenaza a la seguridad ascienden a 5 mil 678 millones de pesos y 344 millones de dólares, y se han congelado 25 mil 337 cuentas.

Rechazó que alguna zona del país se haya convertido en un paraíso para el lavado de dinero. No podría plantear bajo ninguna circunstancia que cualquiera de los espacios de la República sean paraísos del blanqueo de recursos. Estamos realizando actividades de prevención y combate a ese flagelo.

Santiago Nieto Castillo adelantó: Preparando un cuarto golpe, evidentemente no puedo decir a qué organización delictiva, pero estamos ya muy próximos a poder dar resultados con otra organización delictiva bajo este modelo que hemos generado con las secretarías de Defensa, Marina, Hacienda y la Guardia Nacional; las instancias internacionales y el Centro Nacional de Inteligencia, para poder tener datos que nos permitan encontrar las ligas, sobre todo financieras, de estos grupos delictivos.

Sostuvo que las empresas fachadas o factureras se convirtieron en mecanismo para el enriquecimiento de funcionarios sobre todo del sexenio anterior y para financiar campañas.