Ciudad de México. En al menos 19 estados del país se ha planteado reformar la ley para establecer el llamado Pin Parental, cuyo objetivo es obligar a los centros educativos a informar a madres, padres y tutores sobre el contenido de las actividades escolares que versen sobre moralidad, sexualidad y valores, y recabar su autorización explícita para que sus hijos menores de edad participen en dichas actividades.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Coletivo SerGay, Morras Help Morras, entre otras, indicaron que en Aguascalientes se aprobó y se publicó en el periódico oficial el Pin Parental, mientras que en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Veracruz existen iniciativas formalmente presentadas.
En tanto, en Coahuila, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y Morelos “los grupos antiderechos están presionando para que la iniciativa sea presentada, aunque oficialmente aún no existe ninguna, y en Guanajuato existe una iniciativa formalmente presentada que no hace mención a la figura del Pin Parental, pero que propone incluir una educación con ‘perspectiva de familia’”.
No obstante, destacaron que el 1 de septiembre pasado un juez federal ordenó la suspensión definitiva del Pin Parental “porque puede violar el derecho a la educación y no discriminación”. Detallaron que esta suspensión obliga a las autoridades educativas a abstenerse de informar a madres, padres y tutores las fechas en las que se darán contenidos y actividades que versen sobre moralidad, sexualidad y valores, así como de obtener su consentimiento.
Estas organizaciones presentaron el 3 de agosto pasado, el amparo citado debido a que el Pin Parental representa una serie de problemas y violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Expusieron que afecta el ejercicio de su derecho a la educación, a la salud y a la libertad de expresión al restringir o limitar su acceso a la información, y contraviene el interés superior de la niñez al permitir que las madres y los padres de familia determinen el contenido y las características de la educación con base en sus convicciones personales.
