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El peruano Fernández-Maldonado, nuevo representante en México de ONU-DH

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Guillermo Fernández-Maldonado Castro. Foto tomada del Twitter de @ONUDHmexico
21 de septiembre de 2020 11:21

Ciudad de México. El abogado peruano Guillermo Fernández-Maldonado Castro fungirá como nuevo representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) a partir de este lunes, se informó en un comunicado. 

Fernández Maldonado, maestro en administración pública y doctor en derecho, previo a ocupar su cargo actual fue representante adjunto de la Oficina en Colombia de la ONU-DH desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2020. Anteriormente fue asesor en derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, de 2007 a 2014. 

Asimismo, se desempeñó como subdirector de la Unidad de Derechos Humanos en la Misión de las Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA), entre 2004 y 2007 y ocupó diversos puestos de responsabilidad en la Misión de la ONU para Guatemala (MINUGUA) entre 1995 y 2003. 

También, desde 1992 a 1995 laboró en la Comisión de la Verdad y en la Misión de Observadores de la ONU en El Salvador (ONUSAL). En su país de origen, Perú, trabajó en el Senado de la República como asesor legal principal del Comité de Relaciones Exteriores y asesor de la Comisión especial sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación en el Perú, entre 1982 y 1992. 

Tras el anuncio, ONU-DH en México señaló que continuará brindando cooperación y asistencia técnica a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los niveles estatal y federal; dando seguimiento a la situación de derechos humanos, “de manera objetiva, imparcial e independiente; fortaleciendo las capacidades nacionales” orientadas a la protección y promoción de los derechos humanos. 

De igual manera, seguirá promoviendo y apoyando técnicamente políticas públicas; impulsando y acompañando la elaboración y adopción de indicadores; contribuyendo a la creación y fortalecimiento de espacios de diálogo entre gobierno y sociedad civil; trabajando para que las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas y organismos regionales para la protección y promoción de los derechos humanos sean implementadas. Asimismo, acompañando y apoyando técnicamente a organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.

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