El Congreso debatió ayer durante horas la destitución del presidente en un juicio político que tuvo en vilo al país en medio de la pandemia de coronavirus y la recesión económica. El popular mandatario corría el riesgo de ser cesado por el Congreso a 10 meses del fin de su periodo y tener un destino parecido al de su predecesor, Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), quien no pudo culminar su mandato al verse forzado a dimitir por presiones del Parlamento.

El debate comenzó a las 11:30 de la mañana y concluyó a las ocho de la noche, pero el presidente del Parlamento, Manuel Merino, dispuso pasar a otro tema –el financiamiento de los partidos políticos– para que las bancadas coordinen su posición antes de votar el pedido de destitución del mandatario.

Vizcarra fue acusado de instar a dos asesoras a mentir en una investigación sobre los contratos de un cantante, según unos audios filtrados hace ocho días. Esto llevó al Congreso a abrirle un juicio de destitución por incapacidad moral.El mandatario acudió al Congreso para hacer su defensa –aunque no estaba obligado por ley– junto a su abogado, Roberto Pereira.

Planteo que se desestime el pedido de vacancia por la causal de incapacidad moral. Es evidente que esta moción adolece de una mínima elemental tipificación de los hechos, sostuvo Pereira en su alegato.

Vizcarra, tras comparecer ante el Congreso, viajó a la ciudad norteña de Trujillo, donde instó a los parlamentarios a que “piensen en las deficiencias de su región y trabajemos juntos para forjar el desarrollo.

Hagámoslo por la gente, por los niños y jóvenes que nos reclaman responsabilidad y nos exigen a los políticos que dejemos de pelear y pensemos que el Perú es primero, acotó Vizcarra.

La sesión plenaria comenzó la mañana de ayer y continuaba a las 10 de la noche, una semana después de que el Parlamento aprobó enjuiciar a Vizcarra por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.

Los congresistas debatieron sacar de la presidencia a este ingeniero provinciano de 57 años, sin lazos con la élite política y económica limeña.

Los medios de comunicación locales adelantaron que los adversarios políticos del presidente no contaban con los 87 votos necesarios para destituirlo.

Ocho de cada 10 peruanos quieren que Vizcarra continúe y, aunque 41 por ciento considera incorrecta su conducta, no estima que sea grave, según una encuesta de la firma Ipsos.

Si hubiera sido cesado el jefe del Congreso se convertiría en el tercer presidente que tiene Perú desde 2018, un reflejo de la debilidad institucional que ha caracterizado al antiguo virreinato español desde su independencia en 1821, según analistas.

En tanto, el Poder Judicial ordenó ayer el arresto domiciliario de Nadine Heredia, esposa del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), en el marco de la investigación que se le sigue por delitos de corrupción en el caso Odebrecht.

La medida tendrá una duración de 24 meses y remplaza a una solicitud de prisión preventiva pedida por el equipo fiscal Lava Jato, encargado del conocido escándalo de corrupción.

Heredia es investigada por favorecer a la constructora brasileña Odebrecht para obtener, durante el gobierno de su esposo, la concesión de la obra Gasoducto del Sur Peruano.

La ex primera dama también es investigada junto a Humala por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para financiar la campaña a la presidencia en 2011.