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Por decreto, Alberto Fernández remueve a jueces instalados por Macri

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Alberto Fernández confirmó por decreto que se regresaría a sus cargos anteriores a jueces instalados por Macri en 2018. Foto Tomada del Twitter @alferdez
17 de septiembre de 2020 21:25

Buenos Aires. Mientras la campaña del grupo opositor más duro de Juntos por el Cambio (JpC), que encabeza el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), arrecia cada día contra el gobierno de su sucesor Alberto Fernández, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, el ejecutivo confirmó hoy por decreto la decisión del Senado, que tres jueces trasladados al fuero federal por Macri, sin aprobación del Congreso, regresen a los tribunales que le corresponden.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli fueron instalados en los Tribunales de la calle Comodoro PY por un decreto de Macri en 2018, sin cumplir el requisito constitucional de ser aprobados por el Senado, en su afán de rodearse de magistrados favorables a sus decisiones.

El Senado rechazó este miércoles por unanimidad y con la ausencia de la oposición de JpC el traslado de los tres magistrados mediante el decreto de Macri y dispuso su retorno a sus anteriores cargos judiciales. El gobierno macrista puso en sus manos importantes causas, una mayoría armadas sobre falsas pruebas, utilizando espionaje, extorsión, y operaciones mediáticas.

La Oficina Anticorrupción (OA), presidida por el ex fiscal Félix Crous denunció a Macri, a su ex jefe de gabinete Marcos Peña y al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio por una escandalosa operación en que se subastaron y adjudicaron a amigos y donadores a la campaña electoral del partido Propuesta Republicana, terrenos del Estado a un precio de perjuicio público por más de 75 millones de dólares .

Justicia 96 años después

En el extremo de esta situación, se tardaron casi cien años en hacer justicia a pueblos originarios, víctimas en 1924 de lo que se conoció como la Masacre de Napalpí, por lo cual el Estado deberá pagar 375 mil 930 millones de pesos (unos 4 milones 991 mil 04 de dólares) “por el Genocidio del Pueblo Indígena Qom”. 

Esto sucedió el 19 de julio de 1924 “cuando la Policía Nacional Territorial perpetró la mayor matanza de pueblos indígenas en el siglo XX en Argentina. 16 años duró la tramitación de un juicio de reparación inédito en América Latina”, señala el comunicado enviado a La Jornada desde la provincia del Chaco.

En Napalpí, lugar donde se produjo la matanza fueron ultimados y fusilados más de mil 500 niños, ancianos, mujeres y hombres. Este hecho quedó registrado en la memoria de una población muy castigada en el noreste argentino.

En este caso la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, capital de esa provincia en un extraordinario fallo del 14 de septiembre de este año por unanimidad, decidió el resacrmiento económico y otras obligaciones del Estado.

El juicio se inició en el año 2004, pero aún la Corte Suprema de Justicia no se había expedido por “la imprescriptibilidad Penal y Resarcitoria de los Crímenes de Lesa Humanidad”, lo que si sucedió en el año 2005, cuando comenzaron los grandes juicios contra los responsables de los delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983), bajo el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner.

El comunicado nombra a todos aquellos que hicieron posible en los tribunales de Chaco el inicio del juicio ya que en esos momentos no existían antecedentes en América Latina de un caso judicial por Crímenes de Lesa Humanidad de un Pueblo Indígena, perpetrado a principios del siglo pasado.

El equipo trabajó silenciosamente reuniendo pruebas y datos y se recordó el apoyo poyo inestimable del entonces dirigente indígena Hermenegildo López, y el también dirigente Concepción Notagay, ambos del Pueblo Indígena Toba Qom, descendientes de los sobrevivientes. Ellos pudieron escapar a los fusilamientos de la entonces Policía Nacional de Territorio y preservaron la memoria para buscar justicia. Con ellos descubrieron las tumbas comunes.

El equipo también se refirió al “daño moral y espiritual que se replicó de generación en generación en el Pueblo Qom”, y destacó la generación de doctrina judicial en materia de pueblos indígenas, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reflejada en la histórica sentencia.

 

 

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