San Francisco de Conchos, Chih. Gerardo Navarrete, abogado defensor de tres agricultores detenidos por la Guardia Nacional en el enfrentamiento para tomar control de la presa La Boquilla la semana pasada, acusó al gobierno federal de fabricar pruebas a los detenidos e inculparlos de forma desmedida por el delito de terrorismo.

En un boletín de prensa que difundió Adolfo Trillo Herrera, alcalde de La Cruz, Chihuahua, la defensa de los agricultores también acusa que el gobierno federal presionó al juez local Nelson Pedraza, para que actúe de acuerdo a los intereses del gobierno federal y “van a intentar sembrar un delito donde definitivamente no lo hay.

“Desean enturbiar el proceso con mentiras y esto afecta seria y criminalmente a Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, también a sus familias, mientras la defensa realiza un despliegue de herramientas jurídicas y evidencias para salvar de la cárcel a estos tres jóvenes, hijos también de agricultores”.

El boletín informa que “la defensa logró un dictamen de balística y criminalística emitido por Víctor Hugo Vique Gutiérrez, quien asegura no haber encontrado cargas explosivas ni explosivos en los artefactos que supuestamente traían los inculpados”.

La Guardia Nacional informó que detuvo a los tres agricultores porque durante la manifestación en La Boquilla robaron granadas de gas y un cartucho de arma de fuego.

“Son elementos que les habrían sembrado elementos de la Guardia Nacional al momento de la detención”, asegura la defensa.

Además, el abogado argumenta que los cartuchos y granadas de gas que la Guardia Nacional encontró a los detenidos “no se encuentran señalados dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así que dichos artefactos no corresponden a un factor del que se les pueda acusar.

“Quizá vacilaron los de la Guardia Nacional con lo que les iban a sembrar, terminaron decidiendo por granadas de gas lacrimógeno, y así intentan que se les mire como terroristas”.