Desde que familiares de víctimas y grupos feministas tomaron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico, hace once días, varias personas que han sufrido algún agravio se han acercado a las ocupantes para entregarles copias de sus carpetas de investigación, con la esperanza de que a través de ellas puedan finalmente obtener la ayuda de alguna autoridad. 

Una de esas personas es Romana Rivera Ramírez, quien en días recientes fue al inmueble de República de Cuba 60 para denunciar que el 21 de febrero de este año su hija Diana García Rivera, de 21 años de edad, desapareció en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, luego de que ella y un joven que la acompañaba fueran sacados violentamente de un bar en el que se encontraban, sin que hasta el momento se sepa cuál fue su destino. 

“Ya son seis meses y medio que no tenemos respuesta, ni de vida ni de muerte. No se ha llegado a ningún indicio de cuerpos ni nada que pueda determinar que ellas ya no están. Por lo tanto mi búsqueda sigue, en esta lucha de poderla encontrar con vida”, explicó la mujer en entrevista con La Jornada. 

Rivera lamentó que su hija –quien cumplió 21 años el pasado 17 de julio-- forme parte de los miles de jóvenes que han sido víctimas de desaparición en México, sin que ninguna autoridad se movilice para emprender una búsqueda efectiva para poderlos encontrarlos con vida. 

“Ya no hay esa seguridad de que puedan salir un momento a divertirse sin que se expongan a una situación como esta. Mi hija es una víctima colateral de la violencia, de la delincuencia; hoy por eso vine hasta la Ciudad de México para alzar la voz y ser escuchada por el Presidente de la República, porque son muchos casos en Cancún y la impunidad está a la orden del día”, lamentó. 

Aunque Rivera y la familia del otro muchacho desaparecido trataron de poner una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del estado de Quintana Roo desde el 23 de febrero, las autoridades les permitieron realizar dicho trámite hasta el 26, y sin que existiera la coordinación mínima suficiente para emprender la búsqueda. 

“Estamos dolidos, con coraje, con impotencia, porque ya hay unos vehículos relacionados en el hecho, hay nombres, placas (de los vehículos involucrados) y hasta la fecha no los han citado para que den una declaración. Se ha perdido tiempo crucial en la búsqueda, porque nos citaron hasta el día 26, pero no nos decían en qué departamento estaba la orden de investigación: se tiraban la bolita. 

“Fueron tres días perdidos de la búsqueda, donde la Fiscalía no hizo nada, y por eso estamos viendo que la negligencia en la capeta de investigación se ha dado desde el primero momento en que pusimos la denuncia para la búsqueda con vida”, deploró la mujer. 

Consultada sobre lo que significa para ella acudir a los grupos feministas que mantienen ocupado el edificio de la CNDH, Rivera subrayó que “ellas están tocando puertas, están agrupadas y la agrupación hace que sea alzada la voz y seamos escuchadas. 

“Yo como madre ando sola en esto. Lamentablemente, cuando tenemos una víctima, muchas veces tenemos la apatía del pueblo o de la misma autoridad y la necesidad de trabajar a veces nos hace quedarnos de brazos cruzados, pero hoy por hoy, cuando hay un apoyo como este (de las feministas), pues hay que aprovecharlo”. 

Ante el descrédito de las autoridades de todos los niveles de gobierno, enfatizó la madre de Diana García, ella prefirió acudir ante los colectivos que tomaron la sede del Centro Histórico, para agotar todas las opciones en busca de su hija. 

“En lo personal, yo busco el apoyo de ellas porque yo estoy muy distante y ya no tengo la confianza de seguir acudiendo, como lo hago constantemente, con la autoridad local, de mi municipio, y no veo ningún avance. Por eso estoy tocando puertas, para que seamos escuchadas y que el mismo Presidente de la República me pueda escuchar en mi caso”. 

--  ¿Qué ayuda esperaría de los grupos que ocuparon el edificio? 

-- Que la documentación que estoy dejando de la denuncia pueda ser llevada a las dependencias, o en este caso me gustaría que fuera atraída por la Fiscalía General de la República, por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, porque ya no tenemos confianza con las autoridades locales. Es mucho tiempo el perdido y queremos que el caso sea atraído por las autoridades competentes, porque hay indicios de los responsables y aún no se ve la respuesta.  

Como se ha informado en este diario, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a analizar personalmente todos los casos de víctimas que le sean canalizados a través de los colectivos que mantienen tomada la sede de la CNDH.