San Cristóbal de Las Casas, Chis. El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, informó que hasta este lunes la dependencia había dado fe de cuatro cuerpos sin vida en el municipio de Tila, luego de los hechos violentos ocurridos el pasado viernes 11 en ese lugar.
Agregó que a la Fiscalía de Justicia Indígena “ha llegado información aún no corroborada de un quinto homicidio, cometido en agravio de una persona del sexo masculino durante los mismos hechos violentos, pero se realizan las investigaciones para su confirmación y comenzar las diligencias correspondientes”.
En un comunicado señaló que los cuatro muertos confirmados fueron identificados como Elmar Martínez López, de 65 años de edad; Juan Pablo Pérez Vázquez, de 47; Luis Aparicio Parcero Martínez, de 42 y Elidio Isaías Zenteno Trujillo, de 22 años.
Llaven Abarca aseguró que “no habrá impunidad a ninguna conducta criminal y refrendando su compromiso para garantizar una procuración de justicia imparcial, transparente y objetiva”.
Por otra parte, los ejidatarios autónomos de Tila afirmaron que siguen “en alerta máxima porque sabemos que el grupo de corte paramilitar encabezado por Arturo Sánchez Sánchez y Francisco Arturo Sánchez Martínez y de más que lo integran siguen organizándose para provocarnos”.
Insistieron en que ellos fueron “atacados primero cuando se trasladaron a desbloquear las entradas y fueron recibidos a balazos por personas armadas dejando sin vida al joven Pedro Alejandro Jiménez Pérez y causando heridas a Ángel Darinel Vázquez Martínez, Medardo Pérez Jiménez, Jaime Lugo Pérez e Isaías López Gómez, entre otros”.
Remarcaron: “Quien provocó toda esta violencia es Eleazin Bárcenas, quien asesinó a Jiménez Pérez, mientras que los jóvenes que comandaba este señor empezaron a dispararles a los ejidatarios que se tuvieron que replegar al monte”, pero los seguían persiguiendo y disparando y por eso se dieron los hechos lamentables”.
En tanto, unos 20 pobladores de Tila que se manifestaron este lunes frente al Congreso local, con sede en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que el municipio se encuentra "secuestrado" por ejidatarios autónomos que desde hace años ejercen control en ese lugar.
Una mujer que pidió el anonimato aseguró que hace cinco años los autónomos "colocaron portones con llave en las entradas del pueblo, como si fuéramos animales, encerrados”.
Manifestó que por ello “el pueblo decidió quitar un portón (el 25 de agosto) para entrar a la hora que fuera porque es un derecho que tenemos de libre tránsito", lo que agravó el conflicto que desembocó en los hechos violentos del pasado viernes.