Ciudad de México. Las mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, denunciaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se ha negado a dar la competencia del caso a la justicia federal, con lo que está obstaculizando el cumplimiento de la sentencia contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En conferencia de prensa, este domingo dos de las once sobrevivientes de la tortura sexual, acompañadas de abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), informaron que el 8 de julio promovieron un juicio de amparo contra la Fiscalía estatal, exigiendo que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR).
Argumentaron que corresponde la competencia al fuero federal sobre la totalidad de los hechos ya que se trató de “un operativo policial conjunto federal-estatal en el que agentes de ambos fueros colaboraron en la comisión de tortura contra las mujeres”.
Recordaron que la sentencia de la CIDH acreditó que las víctimas sufrieron delitos a manos de agentes federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo acordado, planeado y supervisado conjuntamente por funcionarios federales y estatales; en dicho operativo. “La violencia sexual sufrida por las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarca dentro de un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo”, asienta la resolución del tribunal regional.
Stephanie Brewer, del equipo legal del Centro Prodh recordó que hace casi dos años la CIDH emitió su sentecia y en septiembre de 2019, la FGR notificó a la Fiscalía del estado de México su ejercicio de la facultad de atracción para unificar el expediente en el fuero federal, pero la instancia local no contestó a dicho requerimiento durante casi ocho meses.
Fue hasta mayo de este año, tras varios recordatorios, que la Fiscalía estatal contestó formalmente que no reconoce la competencia federal sobre el caso, aduciendo que los delitos cometidos en Atenco no serían conexos, es decir, que las distintas corporaciones policiales cometieron delitos de forma separada y por tanto le corresponde seguir la investigación –que lleva más de 14 años— sin que hasta ahora halla justicia. Esta versión, señalaron loas víctimas y sus abogadas, “no corresponde al ampliamente documentado operativo conjunto en Atenco”.
Italia Méndez, una de las víctimas, subrayó: “No estamos dispuestas a ceder ni un milímetro de la aplicación y cumplimiento de la sentencia de la CIDH”. En tanto que Norma Jiménez, otra de las sobrevivientes, subrayó que pese a todo en contra, ellas continuarán en la lucha por la justicia, “porque no se trata sólo de nosotras, sino de todas las mujeres del país que la buscan”.
Las abogadas del Centro Prodh enfatizaron que la sentencia internacional “expone de manera detallada cómo la investigación penal abierta en el estado de México cuenta con una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia. Ahora, el intento de obstaculizar la unificación de la investigación en la FGR confirma que la Fiscalía local no actúa de manera diligente para procurar la justicia por las graves violaciones cometidas en Atenco”.
Recalcaron que el juicio de amparo promovido por las mujeres fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, quien celebró la audiencia constitucional correspondiente el pasado 3 de septiembre de 2020 y se espera que en 30 días resuelva el trámite.
“Dicha autoridad tendrá la oportunidad de hacer valer el derecho de las mujeres de acceder a la justicia confirmando que la investigación deberá unificarse en el fuero federal. Esperamos que el Estado tome todas las medidas necesarias en este sentido para avanzar hacia su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables de los hechos, tal como indica la sentencia de la CoIDH, la cual indica que ‘en un plazo razonable y por medio de funcionarios capacitados en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género, continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables’ de este caso”.
Si el juzgado le da la razón a las mujeres, la Fiscalía local podría apenar y presentar un recurso de revisión; y lo mismo podrían hacer las víctimas si se les niega el amparo; por lo que se prevé que el caso termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
