Pachuca, Hgo. El Consejo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), máxima autoridad de esta institución educativa, sustituyó a Gerardo Sosa Castelán en la Presidencia del Patronato Universitario, al designar en su lugar a la diputada federal de Morena, Lidia García Anaya.
El cambio en la titularidad del patronato sucede casi dos semanas después de la detención de Sosa Castelán, líder del Grupo Universidad, quien fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de origen ilícito por un monto de 58 millones de pesos.
En una solemne ceremonia, Lidia García rindió protesta para el nuevo cargo ante los miembros del Consejo Universitario, encabezado por el rector Adolfo Pontigo Loyola.
Según el área de prensa de la UAEH, el cargo de la presidencia del Patronato es honorífico, "sin percibir retribución alguna" y tiene como objetivo "contribuir a la consolidación de la autonomía financiera de la Universidad, así como generar mejores condiciones y prestaciones para la comunidad universitaria en función del desempeño y los méritos"
Lidia García, considerada una de las incondicionales de Sosa Castelán, fue maestra en derecho y secretaria de asuntos jurídicos de la UAEH.
Se desempeñó como secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la institución y tras acuerdos del llamado Grupo Universidad con la dirigencia estatal del PAN, en 2009 fue incluida en el número 6 de la planilla a candidatos a regidores por el municipio de Pachuca.
En 2018, tras la llegada del Grupo Universidad a Morena y después de negociaciones entre el entonces presidente de ese partido Abraham Mendoza Zenteno con Gerardo Sosa, fue postulada como candidata a diputada federal.
Como legisladora, el 6 de noviembre de 2019, sin consultarlo al resto de la fracción de Morena, presentó reservas para modificar la fracción 1 y 3 del artículo 116 de la reforma de Ley en la que se abría la posibilidad de que una extinción de dominio “fast track”, es decir, 15 días hábiles después de haber congelado una cuenta, además obligaba a la Unidad de Inteligencia Financiera a hacer la notificación por escrito al afectado.
El principal argumento para justificar su reserva fue que la UAEH permanecía con sus cuentas bloqueadas, por lo que no podía pagar a los jubilados.
