Ciudad de México. El pasado viernes un nutrido grupo de ejidatarios de Tila, cansados de estar cercados por pobladores que han venido siendo organizados e incitados a la violencia en su contra por operadores del ayuntamiento, se dirigieron a desbloquear la carretera.
Como lo narraron a La Jornada (art) e hicieron público (denuncia), luego de levantar el bloqueo en dos puntos se dirigieron al tercero, donde fueron recibidos con una agresión armada. Hirieron a dos ejidatarios, uno de los cuales falleció, lo que desató los ánimos de los ejidatarios que superaban por mucho al grupo de personas que mantenían el bloqueo.
No se tiene aún el saldo de estos lamentables hechos, pero hay una clara responsabilidad del ayuntamiento municipal y funcionarios del gobierno del estado, ya que denuncia tras denuncia, y carta tras carta, la asamblea general y sus autoridades ejidales han exigido que detengan las provocaciones de sus operadores. En esta última tomaron las entradas del pueblo, quitaron portones puestos por acuerdo de la asamblea ejidal contra la delincuencia, que permanecían cerradas por la pandemia, y mantuvieron tomada la carretera por 15 días.
Durante este tiempo cobraban el paso de manera violenta e incluso agredieron a pobladores que no aceptaban unirse a su bloqueo, además de detonar armas de fuego por la noche, como había venido siendo denunciando por el ejido y los transeúntes.
Comenzaron exigiendo la pavimentación de la carretera, pero luego centraron la presión en la entrada de la Guardia Nacional y el regreso del ayuntamiento a Tila, expulsado el 15 de diciembre por acuerdo de la asamblea general de ejidatarios, que a partir de entonces estableció su autogobierno.
Está documentada la larga trayectoria de Tila como operador de la política de contrainsurgencia, que en esta región se ha caracterizado sobre todo por la paramilitarización comunitaria, y en las últimas dos décadas por ser entregada al Partido Verde, donde se refugiaron una buena parte de las fuerzas de Paz y Justicia. Cabe resaltar que el actual presidente municipal, Limberg Gregorio Méndez, ha mantenido en sus manos el ayuntamiento a lo largo las últimas cinco administraciones, a lo largo de las cuales se ha convertido en un pujante constructor de obra pública; tres bajo su responsabilidad, una de su esposa, y otra de un familiar operador, mientras fungía como tesorero del municipio vecino de Sabanilla, con la misma trayectoria paramilitar.
Otro de los personajes que tiene responsabilidad directa en los hechos sucedidos es Francisco Arturo Sánchez, dirigente y operador de la provocación, ya que ahora busca ser candidato al Ayuntamiento. Siguiendo la tradición familiar se ha profesionalizado en generar conflictos, organizar e incitar a la violencia, ya que es hijo del expresidente Arturo Sánchez –ex-preso– y sobrino de Samuel Sánchez –preso–, ambos formadores y dirigentes del grupo paramilitar conocido como Paz y Justicia.
Este personaje es peculiar, en los videos difundidos por un medio a modo queda en evidencia el discurso que por años la organización de su padre y tío repitieron y divulgaron incluso en panfletos, en los momentos de mayor intensidad de la violencia paramilitar. Señala como responsables al párroco Heriberto Cruz, a la teología de la liberación e incluso al “Partido del Reino de Dios (PRD)”, la retórica del engaño que han utilizado para invertir hechos y responsabilidades, mientras organizaban operaciones irregulares con el ejército y las fuerzas estatales, cercaban las comunidades, emboscaban, desaparecían hombres, mujeres y desplazaban a comunidades enteras.
Con estos hechos el grupo de caciques y operadores busca que las fuerzas federales tomen el control del poblado y le devuelvan el gobierno del poblado al ayuntamiento. Por décadas han intentado despojarles la cabecera al ejido, pero uno tras otro amparo el Ejido Tila le ha ganado todos los recursos legales al ayuntamiento. El caso se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente le dio la razón al ejido: en septiembre de 2018 declara que el poblado le pertenece al ejido y ordena la ejecución del amparo.
El ayuntamiento debe restituir las tierras al Ejido Tila y el gobierno y Congreso de Chiapas deben declarar nulo el Fundo Legal. Enero de 2019 se publicó el Decreto 132, “Por el que la Comisión Permanente del Congreso del Estado, deja insubsistente el Decreto número 72, de fecha 29 de Julio de 1980”. El ayuntamiento no quiere acatar la resolución, por lo que dos meses después con un grupo de ejidatarios robaron el nombramiento de las autoridades en complicidad con el RAN falsificando firmas y simulando asambleas, para modificar la sentencia de amparo.
Sin control sobre el poblado, que se autogobierna por la asamblea ejidal y con la sentencia de la Corte que le obliga a restituirle las tierras, y por tanto indemnizar a pobladores a quienes engañó extendiendo títulos de propiedad ilegales, se ha dado a la tarea de estallar un conflicto que revierta las condiciones. Hoy el pueblo chol de Tila una vez más está de luto; son las consecuencias de una política de contrainsurgencia que corrompió el entramado comunitario, la gestión político militar del conflicto en Chiapas que ha paramilitarizado la vida comunitaria y la burocracia, que sigue cobrando vidas.
¿Algún día desmontarán el tejido paramilitar? O será como en otros países que han transitado por situaciones similares donde estas redes mafiosas se convierten en las nuevas formas de control irregular de los territorios y bienes, además de botín clientelar como ocurre en Chiapas. Redes que negocian por miles los votos que se han profesionalizado en la gestión de los conflictos y la violencia; ¿suena Chenalhó, Ocosingo? Esto son sólo algunos saldos de la corrupción política de la gestión política militar del conflicto en Chiapas que ha descompuesto el entramado social comunitario y que debe terminar.
