Conozco el proyecto del ahora llamado Plan Integral Morelos desde que lo promovía una empresa privada llamada Transportadora de Gas Zapata, a partir de 1997. Siempre se les dijo que la obra era un despropósito monumental por el simple hecho de que la pretendían construir en las faldas de un volcán en actividad, considerado el que mayor riesgo produce a conglomerados humanos en el mundo entero.

Los análisis y discusiones hechos con los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y otros centros de educación superior llevan a una conclusión inequívoca: el problema principal de la obra es que se trata de un ramal de distribución de gas a lo largo de un trayecto de 180 kilómetros que pasa por los estados de Tlaxcala, Puebla y, en menor medida, Morelos, negocio que llevaría adelante una filial de las empresas españolas Elecnor y Enagas. Estas firmas, tan criticadas por el presidente López Obrador, cuentan con la autorización otorgada por la Comisión Nacional de Energía (CRE) en el año 2012 (permiso G/292/TRA) para distribuir por su cuenta el hidrocarburo en los ramales que ya están construidos en el trayecto del ducto.

El desarrollo está diseñado para abastecer de gas natural a futuros parques industriales, como el que se encuentra trazado ya en las proximidades de Huexca, y con ello el desarrollo urbano sería inevitable del lado sur y del oriente del Popocatépetl, pero también a casas habitación. Imaginemos asentamientos humanos, industriales, habitacionales y de servicios localizados en los puntos de avalancha de escombros, lahares o proyectiles balísticos arrojados por don Gregorio cuando buenamente disponga. En lugar de organizar una evacuación de 200 mil personas hay que hacerlo para dos millones; digamos. La parte del proyecto manejada por los españoles es justo eso: el establecimiento de las bases para una expansión poblacional que servirá como diana a una inexorable erupción. Como gustan repetir los vulcanólogos de la UNAM que saben de la historia y el potencial destructivo del coloso: el problema no es el tubo, son las instalaciones humanas que este va a propiciar.

Si la protesta morelense no tiene ya razón de ser, como aseguró el gobierno, hay forma de evitar la tragedia: que la CRE revoque el permiso de distribución de gas en los ramales y lo haga exclusivo para la termoeléctrica. Pero no todos los argumentos dados en aquella mañanera son adecuados: los amparos sobreseídos son tres, se dijo, pero al menos hay más de una decena que no lo han sido, en al menos dos de las tres entidades afectadas. Además, insinuar causas oscuras en el asesinato de Samir Flores es un regreso a los argumentos más rancios; mejor aplíquese el gobierno federal en decirnos quién lo mató y por qué, en lugar de apoyarse en el capo del flamante partido Encuentro Solidario, abogado defensor de paramilitares en Chiapas, Erick Flores, el impresentable superdelegado federal que tanto daño haß hecho a un posible proceso de entendimiento entre los actores del conflicto.

*Fundador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) y director de La Jornada de Oriente