Guadalajara, Jal. Aunque en febrero pasado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) calculó que se requieren 40 millones de pesos para dar mantenimiento anual a la presa El Zapotillo –proyecto detenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde hace seis años por la inconformidad de habitantes de tres poblados aledaños–, el gobierno federal propuso a los diputados en el proyecto de presupuesto de 2021 asignar 300 millones para continuar con la construcción.

También en febrero, durante una visita que pobladores realizaron al embalse acompañados de activistas y funcionarios de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cedhj), la Conagua afirmó que se aplicaron 500 millones de pesos en obras urgentes.

En la propuesta entregada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión el martes pasado, se expuso que con los 300 millones “se podrá continuar con la construcción de un proyecto que incluye el sistema de captación, conducción, potabilización y distribución de hasta 3.8 metros cúbicos de agua potable en su primera etapa.

El proyecto beneficiará a 1.4 millones de habitantes del municipio de León, Guanajuato, propiciando ahorros en energía eléctrica para el abastecimiento del vital líquido.

La edificación de la presa, ubicada en el municipio de Cañadas de Obregón, se interrumpió en julio de 2014, cuando la SCJN decidió evitar que la cortina excediera 80 metros de altura, en respuesta a recursos legales que presentaron vecinos de las comunidades Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que serían inundadas si la presa superara ese tamaño.

En febrero de este año la Conagua, encargada del proyecto, que comenzó en 2005, permitió por primera que habitantes de las poblaciones afectadas, agrupaciones civiles y personal de la Cedhj entraran a la presa para recibir información oficial sobre el estado de la obra.

José Luis Acosta, director de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la Conagua, dijo entonces que se realizaban trabajos urgentes para edificar un tanque de amortiguamiento, cuyo costo calculó en 300 millones de pesos; además, informó que estaban terminadas represas de El Zapotillo ubicadas aguas arriba para retener troncos y maleza, y se reforzaron las laderas con concreto para evitar derrumbes.

Acosta manifestó que esos trabajos, en los cuales se invirtieron unos 500 millones de pesos entre 2019 y 2020, eran de mantenimiento y seguridad y respetaban la sentencia de la SCJN, que dispuso no aumentar la altura de la cortina.

Agregó que una vez realizadas esas labores, el mantenimiento anual de la presa costaría 40 millones de pesos, y así se mantendría hasta decidirse el destino de la obra.

En lo que se resuelve el fondo, es necesario destinar recursos. Tenemos que seguir haciendo vigilancia ambiental, instrumentación sísmica, de inclinómetros, mantenimiento de caminos, declaró.

También durante esa visita, Armando Alfonso Jiménez, miembro de la coordinación de asesores de la Presidencia de la República –enviado para encargarse de la inspección–, mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía claro que la presa no aumentaría de tamaño sin la aprobación de los pueblos afectados, pero no ser;a destruida para no desperdiciar la inversión realizada en ella.