Ciudad de México. Los hermanos de Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), vinculado a proceso el fin de semana pasado por delincuencia organizada, promovieron demandas de amparo en tribunales federales de esa entidad, contra cualquier orden de captura, citación o presentación.

El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo le concedió a Saúl Agustín Sosa Castelán, quien es secretario General de la UAEH, una suspensión provisional contra cualquier orden de captura o actos privativos de la libertad que se haya librado en su contra.

La medida sólo es para efecto contra cualquier orden que busque ejecutar en su contra por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa y le fijó una garantía de 10 mil pesos.

Al admitir el recurso, el juez dio un plazo de cinco días para que el quejoso aclare a las autoridades que señala como responsables, de lo contrario se tendrá por no presentada, “por lo que únicamente se proseguirá con el trámite de la demanda promovida por cuanto hace a las diversas autoridades señaladas correctamente”.

Por otra parte, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo rechazó dar entrada a trámite a la demanda que promovió Óscar Damián Sosa Castelán, quien busca la presidencia municipal de Tulancingo, Hidalgo, por la coalición Juntos haremos historia en Hidalgo, fórmula electoral de los partidos Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Morena.

Sin embargo, Óscar Gregorio Herrera Perea, juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, le pidió que debe precisar su demanda, así como la “denominación correcta y completa de las autoridades responsables”.

La madrugada del domingo un juez de control del Centro de Justicia Penal del Altiplano, en estado de México, vinculó a proceso a Gerardo Sosa Castelán y tres coacusados por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.

Luego de una audiencia que duró 12 horas, el impartidor de justicia fijó a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por este caso también están acusados como presuntos responsables Francisco Natalio Zamudio Isbaile, Anastasia Elizabeth Baños Baños y dos hijas de Sosa Castelán, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, todos prófugos de la justicia.