Buenos Aires. Organismos de derechos humanos de la provincia de Misiones, la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, demandaron una inmediata respuesta por el asesinato de dos niñas de 11 años ejecutadas por una fuerza de tarea del ejército paraguayo, mientras el gobierno argentino espera una respuesta a su reclamo por esta dramática situación.

“Sin duda las niñas abatidas son argentinas y vivían en la localidad llamada Puerto Rico, de Misiones”, señalan los abogados, al explicar que eran primas entre ellas, Lilian, era hija de Miriam Villalba, y María del Carmen, era hija de Laura Villalba y vivían con su abuela en Puerto Rico, Misiones, fronteriza con Paraguay.

De acuerdo con la abuela de las niñas, ellas querían conocer a sus padres y se investiga si fueron presentadas a la prensa como “falsos positivos”, ya que los uniformes que tenían puestos-evidentemente grandes para ellas -habrían sido colocados después de muertas y sus ropas fueron incineradas, lo que también señalan los forenses deben resguardarse. Se realizó una autopsia que confirma seis disparos y dos disparos en los cuerpos de ambas niñas..

El abogado Martín Almada, premio Nobel Aternativo, en carta a las autoridades paraguayas pidió el inmediato esclarecimiento de los hechos y también lo hizo la Liga Argentina de Derechos Humanos que calificó como de “tenebrosa operación” lo actuado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ligándolo a la falta de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), aludiendo a los "falsos positivos" y al Plan Colombia.

El confuso operativo de la FTC contra el grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), causó la muerte de las dos niñas que aparecen a las que se atribuyó pertenencia a esa organización, lo que derivó en el cruce diplomático entre Argentina y Paraguay.

Las niñas aparecen como la “únicas bajas” de un supuesto enfrentamiento y sus cuerpos enterrados rápidamente sin que se realizaran pericias forenses ni pruebas de ADN, como denunció el Frente Guasú, -partido del ex presidente depuesto por un golpe de Estado Fernando Lugo- y. caracterizan el hecho como un acto de terrorismo de Estado.

El propio presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, no sólo se fotografió junto a uno de los cuerpos sino que se jactó de que su gobierno había realizado “un operativo exitoso en contra del EPP" y que "habían abatido" a dos integrantes (las niñas).

Detención y asesinato de joven en la provincia de Buenos Aires

El tema de derechos humanos se agita en Argentina ante hechos como este y el caso de un joven de 23 años, Facundo Astudillo Castro, quien desapareció desde el 30 de abril pasado cuando inició un viaje caminando desde su pueblo Pedro Luro en la provincia de Buenos Aires hacia la ciudad de Bahía Blanca a unos 115 kilómetros donde vivía su novia en momentos en que había retenes policiales por la cuarentena rigurosa a nivel nacional decretada por el coronavirus.

Desde que la madre denunció haber perdido comunicación con su hijo, casi un mes después comenzó la búsqueda de Facundo y se fueron conociendo datos de su viaje a pie, su detención por policías de la provincia de Buenos Aires, luego una serie de declaraciones confusas de policías y testigos, que lo habrían visto en un patrullero policial, la desesperada búsqueda de su madre Cristina Castro, y su acusación desde un principio contra la policía, que en su pueblo natal Pedro Luro había actuado contra el joven y amigos, ligados al peronismo en trabajos en un centro cultural muy humilde.

Cristina Castro fue investigando todo el trayecto recorrido por su hijo y denunció la relación de policías con la justicia del lugar.

Después de más de tres meses muy cerca de Bahía Blanca se encontró un cadáver cuyo reconocimiento realizó el equipo de Antropología Forense, junto a los médicos de la justicia, ya que prácticamente sólo quedaba el esqueleto sin brazos, en un canal adonde llegaba el agua salada del mar.

Para entonces el presidente Alberto Fernández recibió a Cristina Castro y tomó en sus manos la dirección de la investigación. Se hizo cargo la Policía Federal .El hecho conmovió a la opinión pública ligándolo a la desaparición y luego muerte del caso Santiago Maldonado desaparecido también en el sur, en la zona andina de la provincia de Chubut ,el 1 de agosto de 2017 y cuyo cadáver apareció 77 días después en un río casi en el mismo lugar de los hechos.

Durante la cuarentena, algunos sectores policiales cometieron actos violatorios de los derechos humanos, que preocuparon al gobierno, especialmente por la fuerte ofensiva de la derecha en estos momentos, donde se está utilizando una verdadera “guerra sucia” con una permanente creación de fuentes de conflictos en estos últimos meses, con el apoyo de medios de comunicación sectores judiciales y también el peligro que significa el poder que aún conservan en nichos de fuerzas de seguridad que preocupan a las bases políticas del oficialismo.