Zacatecas. Integrantes de varias organizaciones sociales y líderes de sindicatos independientes, protestaron este lunes afuera del Congreso del Estado de Zacatecas, donde sostuvieron un conato de bronca con policías estatales que impidieron que tomaran el edificio, pues mañana martes rendirá su penúltimo informe de gobierno, el priista Alejandro Tello Cristerna.
Representantes del Movimiento de Bases en Defensa del ISSSTEZAC; de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); del Comité de Posesionarios de Salaverna; del Movimiento Unificado de Ex Braceros (MUEB); del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) y del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), llegaron desde primera hora al palacio legislativo, para comenzar las protestas contra el gobernador.
Cada organización expuso ante los medios de comunicación presentes las razones de su protesta, donde destacó la conferencia de prensa de maestros y jubilados del ISSSTEZAC, en contra de la quiebra y liquidación del organismo operador del sistema de pensiones, que afectaría a 24 mil trabajadores del Estado, los Municipios y Organismos Paraestatales.
“El gobierno de Tello Cristerna se ha caracterizado principalmente por su proclividad a malbaratar; es decir, a privatizar los bienes públicos, que constituyen una parte muy significativa del patrimonio común de la clase trabajadora, de los campesinos zacatecanos y por haber puesto el poder del gobierno del estado al servicio de intereses privados, señaladamente, de las empresas mineras transnacionales”, denunció el líder y abogado Efraín Arteaga Domínguez.
En el caso grave de la crisis financiera del ISSSTEZAC, mujeres y hombres representantes de trabajadores activos y jubilados, así como maestros pertenecientes a la Sección 58 del SNTE, al SUTSEMOP, al SITEZ y al Sindicato del Colegio de Bachilleres, el maestro Marcelino Rodarte criticó la “nefasta y agresiva política neoliberal, aplicada por los gobiernos en Zacatecas, que ya muestra sus resultados en la profunda descapitalización de nuestro instituto de Seguridad Social”.
Acompañado por los también maestros y líderes Magdalena Herrera Carrillo y Martín Sánchez Arellano, los defensores del ISSSTEZAC solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, “su valiosa intervención”, para que se hagan públicas las recientes auditorías internas practicadas al organismo operador del fondo de pensiones, y que se castigue a los funcionarios estatales y administradores del organismo, que los han defraudado y han llevado a una situación financiera crítica.
También estuvo presente en el sitio Roberto de la Rosa Dávila, delegado municipal de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, quien a nombre de su comunidad, recordó que tienen más de una década en resistencia contra el magnate Carlos Slim Helú, quien es propietario en su pueblo de la mina subterránea “Tayahua”, que en el gobierno de Enrique Peña Nieto obtuvo autorización para modificar la explotación de ese enclave, bajo el método a cielo abierto.
“Slim está tratando de despojar de sus tierras y de desalojar por la fuerza a los habitantes de las comunidades de Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, para lo cual viene utilizando de una manera implacable, detonaciones de explosivos en el subsuelo de la comunidad, provocando grandes grietas y hundimientos en la superficie, y daños catastróficos en las viviendas, poniendo en un riesgo inminente la integridad física y la vida de los pobladores”, mencionó.
“Existe una disputa jurídica por la propiedad de la tierra, que se está ventilando en la SEDATU en la ciudad de México: mientras los pobladores sostienen que se trata de terrenos nacionales, de los cuales ellos detentan la posesión desde hace siglos, la empresa presenta una escritura, mediante la cual pretende acreditar que una buena parte de esas tierras son de su propiedad”, recordó Arteaga Domínguez.
“Sin embargo, la empresa de Carlos Slim Helú, no ha podido –ni podrá– acreditar que esas tierras salieron alguna vez del dominio de la Nación mediante título legalmente expedido, lo cual siembra serias dudas respecto la legitimidad de dicha escritura. En este contexto solicitamos al Presidente de la República, que a través de la Secretaría de Economía del Ejecutivo Federal, ordene la inmediata suspensión de los trabajos de esta empresa minera, y que se cancele en forma definitiva del proyecto de explotación minera a cielo abierto”, explicó.
