Ciudad de México. En atención a las medidas de austeridad que son ley, pero sin tocar el sueldo de 25 funcionarios que ganarán más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pidió un presupuesto de mil 510 millones de pesos para el próximo año.
El anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que se envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que esta a su vez lo transmita a la Cámara de Diputados, representa una reducción acumulada real de 41.1 por ciento desde 2014, año que se creó el organismo. Frente a 2020, el recorte es de 2 por ciento sin considerar el efecto de la inflación.
Si bien los comisionados de este organismo autónomo empezaron por la suspensión a la Ley Federal de Remuneraciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para salvaguardar sus sueldos por arriba de la percepción del presidente en 2019 y 2020, ahora la Unidad de Asuntos Jurídicos pedirá la suspensión a los frenos del gasto corriente estructural.
En riesgo están tres proyectos prioritarios del regulador: la contratación de auditores externos, el Sistema Nacional de Infraestructura y el financiamiento de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), argumentan los comisionados, según consta en los documentos derivados de la reunión del pleno.
Oscar Ibarra, titular de la Unidad de Administración del IFT, detalló que en el anteproyecto 25 puestos –equivalentes a 1.8 por ciento de la plantilla total y entre ellos el suyo- percibirán salarios por arriba del presidente de la República.
Primero el presidente del organismo, hasta 28 por ciento más; los seis comisionados restantes, 26 por ciento; el coordinador ejecutivo, 24 por ciento; onces plazas entre las que están el secretario técnico del Pleno, titulares de unidad y Autoridad Investigadora, 14 por ciento; y los seis coordinadores generales, 12 por ciento de excedente.
No obstante, Ibarra agregó que el anteproyecto “cumple con los preceptos y límites establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana, tales como telefonía, fotocopiado, combustibles y arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos, convenciones”.
Se pedirán a la Cámara de Diputados, 939.1 millones de pesos para servicios personales; para materiales y suministros, 10 millones de pesos; para servicios generales, 521 millones de pesos; en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 1.6 millones de pesos; en bienes muebles e inmuebles, 10.3 millones de pesos; y en inversión pública, 28 millones de pesos.
Al tiempo, el recurso de controversia constitucional presentado el 19 de agosto tiene como objetivo destrabar el límite del gasto corriente estructural que, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deriva de la última Cuenta Pública disponible al momento de presentar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, más un incremento real por cada año, que deberá ser menor a la tasa anual de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto.
El comisionado Mario Fromow detalló que “la reducción presupuestaria realizada por la Cámara de Diputados en el PEF 2019 generó una disminución de 14.8 por ciento en términos reales respecto del Presupuesto autorizado en el ejercicio 2018”, lo que afectó proyectos del regulador.
“No se había solicitado antes (la ampliación del recurso) porque no se quería que se suspendiera la provisión de recursos hacia el IFT en su momento, que podría haber sido una de las consecuencias previsibles que se manejaron o que se analizaron en aquel entonces”, consignó ante el pleno Fromow.
