Ciudad de México. Dos de las víctimas que participaron el miércoles en la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicada en el Centro Histórico señalaron que ya han comenzado a recibir atención por parte de ese organismo autónomo, al mismo tiempo que los colectivos feministas que aún se encuentran en el edificio anunciaron que se quedarán ahí por tiempo indefinido.

Silvia Castillo, madre de un joven asesinado en San Luis Potosí en 2019, y Marcela Alemán, madre de una niña agredida sexualmente en 2017 en esa misma entidad, indicaron en conferencia de prensa que la Comisión ha empezado a atender sus peticiones, aunque ello apenas es el inicio de un proceso de acercamiento que se llevará más tiempo.

Ambas enfatizaron que no recibieron recursos económicos por parte de la CNDH y que entre sus principales exigencias se encuentra que los agresores de sus seres queridos sean juzgados y sancionados conforme a derecho, para que sus actos no queden en la impunidad. 

Aunque agradecieron el apoyo que han comenzado a recibir por parte de la Comisión para hacer frente al desplazamiento forzado del cual son víctimas, las dos mujeres también denunciaron que un servidor público del organismo --apellidado Vega-- las ha revictimizado en diversas ocasiones, por lo que pidieron que se le investigue y sancione.

Castillo agradeció el apoyo que recibió por parte de los grupos feministas que el viernes reforzaron la toma del inmueble de República de Cuba 60 y pidió que sus demandas también sean atendidas.

Sin embargo, manifestó que al interior del edificio hay una mujer que le solicitó que hablara de temas con los cuales ella no está de acuerdo o que prefiere no abordar, al tiempo que sugirió que ayer algunas de las activistas no le habían permitido salir, cuando ella ya había llegado a un acuerdo con la CNDH para que se le permitiera descansar en un hotel.

Unos minutos después de que concluyera la rueda de prensa de Alemán y Castillo, los grupos feministas que mantienen la toma de la sede convocaron a los medios para denunciar que la CNDH está utilizando las declaraciones de ambas víctimas para desacreditar la lucha de los colectivos que decidieron quedarse hasta que sus exigencias sean atendidas.

Delia Quiroa –quien busca a su hermano Roberto, desaparecido en 2014 en Reynosa, Tamaulipas—denunció que las dos mujeres “dijeron muchas cosas feas de mí (cuando) yo lo único que hice fue ayudarlas” a reunirse el miércoles pasado con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. 

“Yo las apoyé, sin esperar nada a cambio; jamás me imaginé que entre víctimas nos fuéramos a atacar y tengo un gran dolor en mi corazón por eso, porque por ayudar a alguien, ahora me está traicionando y está denostando a nuestro movimiento”, enfatizó.

La activista explicó también que, si reciben la atención de la Secretaría de Gobernación, un grupo de siete personas podrían dejar la toma de edificio y regresar al plantón que de familiares de víctimas mantienen desde febrero en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes, víctima de feminicidio en enero de 2016, indicó que ella se hace responsable de la toma del inmueble, por lo que se quedará en el mismo junto con otras personas, a la espera de que lleguen más manifestantes a reforzar la protesta.

Con respecto a las declaraciones de Silvia Castillo y Marcela Alemán, Zamudio les pidió “que no nos tiren mierda, porque nos vamos a defender. Serán muy víctimas, pero nosotras también y no tienen más derecho ellas que nosotras”.