Es un hecho histórico en la justicia universal que se logró después de años de obstáculos por falta de cooperación del país europeo. Entre los cargos que se imputan al ex funcionario figura haber ordenado, como titular de los ministerios de Relaciones Sindicales y de Gobernación, la represión a trabajadores entre 1976 y 1977 con saldo de 11 muertos y decenas de heridos.

Este proceso que comenzó en los tribunales argentinos hace años está centrado en el delito de homicidio calificado que se cometió con el concurso premeditado de dos o más personas, previsto en el artículo 80, inciso sexto, del código penal argentino aplicando el principio de jurisdicción universal, por el cual el juzgado a cargo de Servini asumió la competencia para abordar estos crímenes que no investigan los tribunales españoles. Además, se trata de delitos imprescriptibles.

En 2014 Servini de Cubría y el fiscal Ramiro González estuvieron en España para analizar las investigaciones en ese país, escucharon testimonios y visitaron lugares relacionados con los hechos.

El ex ministro, figura destacada de los años de la transición, ha dicho que quería comparecer para defender su inocencia, y el pasado 25 de agosto envió a la juez cartas de apoyo con testimonios de cuatro ex presidentes del gobierno español: los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y los conservadores José María Aznar y Mariano Rajoy, así como de ex líderes sindicalistas.

“Las cartas, que alaban la labor política desarrollada por Martín Villa durante la transición a la democracia en España, fueron –según la opinión de los querellantes– un intento burdo y grotesco por ejercitar una presión política sobre la juez Servini, quien después de varios años tiene la posibilidad de interrogar por primera vez a uno de sus acusados”, de acuerdo con un informe de la agencia oficial argentina Télam.

En su comparecencia, que se extendió unas tres horas, el imputado defendió su gestión. Antes de las elecciones de 1977, por primera vez en muchos años no quedó ni un solo preso político en las cárceles españolas, ni un solo español exiliado en el mundo. Algo tuve que ver con todo esto, señaló.

Se estima que aunque en su país se le considera figura clave de la transición, también a nivel de familiares de las víctimas es un modelo de impunidad que impera en España. Martín Villa ocupó altos cargos en la dictadura franquista y fue gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Barcelona. En los primeros años de democracia se convirtió en ministro de Relaciones Sindicales y luego de Gobernación. Posteriormente fue diputado, senador y estuvo ligado a diferentes empresas públicas y privadas.

“Martín Villa fue el paradigma de aquellos líderes políticos que, provenientes de una dictadura sanguinaria y cruel como la franquista, pasaron a considerarse ‘padres’ de la actual democracia”, señaló la parte querellante, al recordar que dirigió el aparato represivo del Estado en el que no hubo ninguna depuración, y luego continuó su actividad política sin ningún problema, primero como miembro del gobierno de Adolfo Suárez, y después en las filas de la Unión de Centro Democrático y del Partido Popular.

En 2010, la juez Servini de Cubría abrió una investigación para juzgar los crímenes del franquismo, en este caso la llamada “matanza de Vitoria (en el país Vasco), perpetrada en 1976, en la que murieron cinco obreros y un centenar quedaron heridos. A esto se añaden homicidios cometidos entre 1976 y 1977 en Madrid y el País Vasco, cuando Martín Villa era ministro de Gobernación, y por asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad en las fiestas de San Fermín de 1978.

En 2016 la fiscalía logró emitir una orden para que se atendiera el pedido de cooperar en la investigación de los crímenes del franquismo, por considerar que estaban amnistiados, hasta que la llegada al poder de un gobierno progresista en España abrió la puerta para que Servini finalmente tome declaración a Villa, publica la agencia Télam.

Martín Villa rechazó tener responsabilidad en algunas de esas muertes. Mis instrucciones y las del gobierno buscaron evitar que hubiera fallecidos por actuaciones policiales, aseguró.