Ciudad de México. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), en contra del llamado “impuesto ambiental” vigente desde mayo pasado en Baja California, a propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Se impugnan las reformas a la Ley de Hacienda estatal, contenidas en el Decreto 62, que obliga a los empresarios dedicados al comercio de hidrocarburos a pagar al erario local un impuesto de 17 centavos por cada kilo o litro de bióxido de carbono que sus combustibles lancen a la atmósfera al ser quemados.

Según el decreto que combate la CJEF, este “impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera” no puede ser trasladado al consumidor final ni ser deducido de algún otro gravamen estatal.

La CJEF argumenta que este impuesto invade atribuciones federales, pues se aplica en el comercio de hidrocarburos, la cual es una actividad que sólo la administración federal puede gravar, conforme al artículo 73 de la Constitución general.

Al admitir a trámite la controversia, la SCJN dio un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación, para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Baja California presenten su contestación.

También dispuso informar de este asunto a las cámaras de Diputados y Senadores, para que analicen si su esfera de competencias también fue invadida y consideran sumarse a la impugnación.