Para mejorar la persecución de los delitos electorales por indicación del fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se emitió un acuerdo en el que se ordena a los agentes del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos y demás servidores públicos para que colaboren con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) en la atención de hechos posiblemente constitutivos de delitos en esa materia, integren carpetas de investigación, judicialicen las indagatorias y se sancione a los responsables de probables conductas ilícitas.
En el acuerdo publicado en el Diario oficial de la Federación, se menciona que ante “la necesidad de fortalecer la colaboración de las unidades administrativas con facultades de investigación para que, de manera inmediata y armónica, colaboren con la Fepade”.
Por esa razón, se dieron instrucciones a los agentes del Ministerio Público de la Federación para que, en caso de tener conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delitos en materia electoral sin detenido, den inicio a la indagatoria e informen de inmediato a la Fepade, “sin perjuicio de que se realicen u ordenen las diligencias urgentes, inmediatas y necesarias, así como de que instruyan la recolección, conservación y custodia de indicios y datos de prueba”.
Asimismo, “una vez iniciada la carpeta de investigación, de manera inmediata el agente del Ministerio Público ordenará la recolección de indicios para el esclarecimiento de los hechos por parte de los agentes de la Policía Federal Ministerial y servicios periciales”.
También se establece un procedimiento para agilizar las indagatorias y señala que “en un plazo no mayor a 10 días, contados a partir del inicio de la carpeta de investigación por hechos posiblemente constitutivos de delitos electorales, el agente del Ministerio Público de la Federación deberá realizar el acuerdo de consulta de incompetencia y presentarlo ante la Fepade” para que decida sobre si es procedente esta decisión.
En caso de que el Ministerio Público que inicie una carpeta de investigación con detenido sobre hechos posiblemente constitutivos de delitos electorales y que considere que debe solicitar la prisión preventiva como medida de cautelar, será responsables de solicitar y desahogar la audiencia inicial, y de ello informará “de inmediato a la Fepade”.