Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la extinta Policía Federal (PF), tramitó un juicio de amparo en un juez federal con sede en el estado de México, contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, el Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca, Estado de México aún no lo admite la demanda de garantías ya que le requirió a la ex funcionaria para que en plazo de cinco días precise el lugar en el que puede tener ejecución el acto reclamado, es decir, cualquier sitio donde pueda localizarse a la persona, incluyendo su propio domicilio. 

Martínez Zamora presentó el recurso el pasado 31 de agosto donde reclamada la violación a los artículos constitucionales 14 y 16. Hace un mes un juez de control con residencia en el Penal del Altiplano libró órdenes de aprehensión contra 19 ex funcionarios de la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por su presunto involucramiento en desvíos de recursos y adquisiciones con sobreprecio durante el periodo 2012-2018, entre ellos Orta Martínez y la ex secretaria general de la Policía Federal. 

En caso de que la impartidora de que el juez Alberto Roldán Olvera, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo acepte la demanda y le conceda la suspensión, la Fiscalía General de la República (FGR) no tendría impedimento para cumplimentar el mandamiento judicial, ya que la delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa. 

En su demanda, Frida Martínez señaló que al acudir por motivos personales y profesionales al Estado de México en distintas fechas, familiares y amigos le informaron que personas que se ostentaron como agentes policiales sin especificar corporación, han estado investigando entorno a los domicilios, horarios y actividades, so pretexto de lograr el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Por su parte, el juez Roldán Olvera destacó que este argumento resulta insuficiente para determinar la competencia del órgano jurisdiccional a su cargo, ya que no se tiene la certeza de si la orden reclamada podrá ejecutarse en el territorio donde se ubica el juzgado o en uno diferente, por ello le pidió que especifique el lugar donde se presentaron los agentes. 

En este caso, Eleuterio Enrique Pérez Romero, quien se desempeñó como jefe de Departamento en la Secretaría de Gobernación y en la Policía Federal Preventiva, ha sido la única persona detenida y vinculada a procesos por el presunto desvío de recursos antes mencionado.