Buenos Aires. La juez federal argentina María Servini de Cubría indagó este jueves al ex ministro español, Rodolfo Martín Villa acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Francisco Franco en España (1939-1975), y la transición a la democracia, quien declaró por videoconferencia desde el consulado general de Argentina en Madrid hasta donde llegaron familiares de las víctimas.

Es un hecho histórico en el marco de la la justicia universal y que pudo lograrse después de años de obstáculos por falta de cooperación de ese país europeo. Los casos que le imputan al ex ministro son por crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos de su país por haber ordenado, como titular de la cartera de Relaciones Sindicales en una época y de Gobernación en otra, la represión a trabajadores entre 1976 y 1977 con saldo de once muertos y decenas de heridos de gravedad .

En la causa, en un proceso que comenzó en los tribunales argentinos hace años, está centrada en el delito más grave que es homicidio calificado al cometerse con el concurso “premeditado de dos o más personas, previsto en el artículo 80, inciso 6°, del Código Penal argentino” aplicando el principio de jurisdicción universal, por el cual el juzgado a cargo de Servini asumió la competencia existente para investigar estos crímenes que no investigan los tribunales españoles. Son delitos imprescriptibles.

En 2014 Servini de Cubría y el fiscal Ramiro González estuvieron en España analizando las investigaciones en ese país, recibiendo testimonios y visitando lugares históricos relacionados con los hechos materia de juzgamiento y de los procesos iniciados por estos crímenes.

El ex ministro, figura destacada de los años de la transición, ha dicho que quería comparecer para defender su “inocencia”, y el pasado 25 de agosto envió a la juez cartas de apoyo con testimonios de cuatro ex presidentes del gobierno español: los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y los conservadores José María Aznar y Mariano Rajoy, así como de ex líderes sindicalistas.

“Las cartas, que alaban la labor política desarrollada por Martín Villa durante la transición española fueron- según la opinión de los querellantes- un intento burdo y grotesco por ejercitar una presión política sobre la jueza Servini, quien después de varios años tiene la posibilidad de interrogar por primera vez a uno de sus acusados", de acuerdo a un informe de la agencia oficial argentina Télam.

En su comparecencia que se extendió unas tres horas defendió su gestión. “Antes de las elecciones de 1977, por primera vez en muchos años no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo. Algo tuve que ver con todo esto”, aseguró,

Se estima que aunque en su país se le considera figura clave de la transición, también a nivel de familiares de las víctimas es un “modelo de impunidad” que impera en España. Villa ocupó altos cargos en la dictadura franquista y fue gobernador civil y jefe provincial del “Movimiento”. En los primeros años de democracia se convirtió en ministro de Relaciones Sindicales, de Gobernación y de Interior. Posteriormente fue diputado y senador, y estuvo vinculado a diferentes empresas públicas y privadas.

“Rodolfo Martín Villa fue el paradigma de aquéllos líderes políticos que provenientes de una dictadura sanguinaria y cruel como la franquista pasaron a considerarse ‘padres’ de la actual democracia", señalaron los participantes de la querella al recordar que “dirigió el aparato represivo del Estado, en el que no hubo ninguna depuración, y luego continuó su actividad política sin ningún problema, primero como miembro del gobierno de Adolfo Suárez, y después en las filas de la UCD y el Partido Popular (PP)”.

En 2010, la juez Servini de Cubría abrió una investigación para juzgar los crímenes del franquismo, en este caso la llamada “matanza de Vitoria (en el país Vasco) en 1976 en la que murieron cinco obreros y un centenar quedaron heridos. A esto se añade homicidios cometidos entre 1976 y 1977 en Madrid y el País Vasco, cuando era precisamente ministro de Gobernación e Interior, y por asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad en las fiestas de San Fermín de 1978 y en 2016 la fiscalía logró emitir una orden para que se atendiera el pedido “de cooperar en la investigación de los crímenes del franquismo, por considerar que estaban amnistiados, hasta que la llegada al poder de un Gobierno progresista en España abrió la puerta para que Servini finalmente tome declaración a Villa” señala Télam.

Villa rechazó responsabilidad algunas en esas muertes. “Mis instrucciones y las del gobierno buscaron evitar que se produjeran muertes por actuaciones policiales”, aseguró.