Monterrey, NL. Tres personas privadas de su libertad murieron en situaciones "sospechosas" que deben ser aclaradas, exigieron la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) en conjunto con Human Rights Watch, por lo que exigieron al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que inicie una exhaustiva investigación.
Además de que, indicaron ambas organizaciones en un documento firmado en conjunto, el cobro de sobornos y extorsiones no se ha erradicado en los centros penitenciarios de Nuevo León.
"En los últimos dos meses, tres personas han muerto en circunstancias sospechosas en las cárceles estatales Apodaca 1 y 2.
"También recibimos denuncias preocupantes de que bandas delictivas que controlarían las cárceles golpean a internos y los obligan a pagar sobornos, así como de personas con síntomas de Covid-19 que son aisladas en condiciones antihigiénicas y degradantes, y a quienes no se les ha brindado tratamiento médico", apuntó.
El documento enumera los decesos de Estanislao Aguilera Escamilla, quien falleció el 14 de julio, presuntamente electrocutado; Modesto Martínez de la Cruz, el 24 de julio, que pereció por presunta neumonía; y Óscar Hugo de León Martínez, quien el 8 de agosto fue encontrado ahorcado en su celda.
"A fin de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Nuevo León, lo instamos a que ordene que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre estas denuncias y las tres muertes que ocurrieron en las últimas semanas, para poder determinar el alcance de estos abusos e identificar y sancionar a los responsables.
"Para alcanzar tal objetivo, es necesario que su gobierno comparta con la Fiscalía toda la información pertinente. Asimismo, instamos a la Fiscalía General de Justicia del estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León a iniciar investigaciones sobre las condiciones carcelarias y estas graves denuncias".
El texto, también dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación, hace énfasis en que a las personas con síntomas de Covid-19 no se les ha brindado tratamiento médico, y que se les aísla en condiciones antihigiénicas y degradantes.
José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y la Hermana Consuelo Morales de Cadhac expusieron que las autoridades estatales tienen la obligación de proteger la vida y la integridad de todas las personas privadas de la libertad.
“Las autoridades penitenciarias están legalmente obligadas a proporcionar alimentos, agua, ropa de cama y atención médica adecuados y suficientes de forma gratuita. Las autoridades no pueden negar ninguno de estos servicios ni participar en ningún tipo de trato o pena cruel, inhumano o degradante”, finaliza.
