Ciudad de México. El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en Ciudad de México otorgó un amparo a Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) resuelva si debe reabrir una investigación contra la ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, por la presunta manipulación de testigos protegidos.
El órgano jurisdiccional le concedió le concedió la protección de la justicia a Herrera Valles, quien fue acusado de narcotráfico por tres testigos protegidos, en el sexenio de Felipe Calderón.
El colegiado consideró que en el proceso hubo “vicios de fondo” e instruyó dejar sin efecto el no ejercicio de la acción penal que el 23 de noviembre de 2018 dictó la entonces Visitaduría General de la PGR, a faor de la ex funcionaria.
Por ello, la FGR deberá hacer un nuevo análisis sobre la prescripción de los delitos contra la administración de la justicia, abuso de autoridad, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, y resolver si la indagatoria debe archivarse de nueva cuenta o ser reabierta.
Herrera Valles fue detenido en noviembre de 2008, luego de haber enviado dos cartas al ex presidente Felipe Calderón en la que denunciaba actos de corrupción del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, en la actualidad sujeto a proceso en Estados Unidos.
En ese año, la extinta PGR, informó que “en el curso de la investigación se logró acreditar que Herrera Valles colaboró con el cártel de Sinaloa, aprovechando su encargo como servidor público”.
Sin embargo, la defensa del ex coordinador de seguridad regional sostuvo que no existían pruebas de la responsabilidad de su cliente e incluso que el principal testigo de la PGR, El Pitufo, se había retractado de sus imputaciones.
En marzo de marzo de 2014, Herrera Valle presentó su denuncia ante la PGR por la manipulación de tres testigos protegidos en su agravio, entre ellos Roberto López Nájera y Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, abogado y operador de los Beltrán Leyva, respectivamente, así como José Salvador Puga Quintanilla, ex miembro del Cártel del Golfo, cuyos nombres claves eran “Jennifer”, “Mateo” y “Pitufo”.
