Madrid. Un juez de primera instancia de Galicia decidió fallar a favor de la demanda interpuesta por el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, para que la familia del dictador Francisco Franco (1939-1975) devuelva una finca de gran valor territorial y económico en la provincia de A Coruña.

La resolución judicial aún no es firme, pero podría ser el primer paso para la incautación por parte del Estado español de los bienes inmuebles que heredó la familia de Franco y que fueron adquiridos de forma presuntamente ilegal.

La demanda interpuesta por el gobierno español fue respaldada por el Ayuntamiento de Sada, donde se encuentra la propiedad, el de la provincia de A coruña y la Diputación Provincial, además del gobierno autonómico de la Xunta de Galicia, gobernado por el derechista Partido Popular (PP), con lo que tiene el respaldo de las principales instituciones de la región.

En el auto judicial, dado a conocer hoy, la juez Marta Canales explica que no es legal la donación de “la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma”. Y ese defecto de forma es la nomenclatura con la que se decidió conceder la finca al dictador, ya que fue decidida en una junta municipal en la que se acordó, según consta en acta, que ese terreno se regalaba “al caudillo”, “al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional”. La magistrada explica en su auto que “su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado, con lo que las alegaciones de los demandados en relación a la intención de las vendedoras, que querían que el pazo se regalase a Franco a título personal, no se comparten”.

Además la juez advierte que la compraventa de 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, por lo que es nula, al explicar que “ninguna operación subyace entre las partes que se disimule a los efectos que defienden los demandados. El Pazo de Meirás se había entregado a la Junta Pro Pazo del caudillo en la primavera de 1938, comprado en escritura pública por la Junta el 5 de agosto de 1938 y la Junta Pro Pazo hizo entrega formal al caudillo el 5 de diciembre de 1938. El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco nada paga”.

La finca en disputa se convirtió en uno de los sitios preferidos del dictador para pasar las vacaciones de verano, de hecho durante el largo periodo histórico de su régimen dictatorial se celebraron en ese recinto numerosas reuniones del consejo de ministros y de su gobierno. Un hecho que la magistrado asumió como una argumento más a favor de su resolución, al entender que “la presencia administrativa en el pazo era evidente, albergaba oficinas permanentes de la Casa Civil y Militar, fundamentalmente, en la antigua Granja de Meirás y en la Casa del Guarda”. Lo que contribuye a confirmar que la propiedad del inmueble es del Estado y no de la familia del dictador.