Santiago. El gobierno chileno y los dueños de camiones organizados en la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), llegaron este miércoles a un arreglo para concluir un paro que se prolongó por una semana, y que puso en aprietos el orden público y el abastecimiento de alimentos y de combustibles, principalmente en el sur del país.

La CNTC es una de las tres confederaciones de propietarios de camiones que existen en el país; las otras dos, que no se sumaron al movimiento, son la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), la más antigua y numerosa; y Chile Transporte, que agrupa a las grandes compañías transportistas.

Al anunciar el fin del paro, el presidente Sebastián Piñera dijo que su gobierno "se ha comprometido a impulsar un conjunto de medidas para mejorar la seguridad en las carreteras, para mejorar la protección de los transportistas, y para dar mejor apoyo a las víctimas del terrorismo y ese compromiso el Gobierno lo va a cumplir".

Los dirigentes de la CNTC hablaron de "suspensión" de la movilización, y se declararon atentos a reanudarla si constatan incumplimiento de las promesas oficiales.

Entre los compromisos asumidos por Piñera se incluyó que el Estado pagará  indemnizaciones por los camiones que resulten destruidos en las carreteras y el lucro cesante por la falta de actividad, lo cual originó inmediatos cuestionamientos.

"Parte del 'acuerdo' entre el gobierno y gremios de dueños de camiones, escandaloso! Se les pagarán los camiones quemados, se les pagará lucro cesante y el diferencial de sueldo entre seguro de cesantía y el del contrato. ¿Esto mismo se hará con víctimas de otros delitos?, escribió el senador opositor Felipe Harboe.

El pacto se produjo justo cuando sectores de la oposición -que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado- se decidieron a concretar una acusación constitucional por notable abandono de deberes en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, a quien responsabilizan por tolerar que durante los últimos siete días los camioneros alteraran el orden público y la tranquilidad mediante el bloqueo y obstaculización del tránsito en carreteras, el acceso a importantes puertos y ciudades del país y por generar desabastecimiento de bienes esenciales.

"El señor ministro del Interior no ha estado a la altura de lo que Chile requería con urgencia. Ni la respuesta a las reclamaciones de los camioneros, que en principio tienen razón en reclamar seguridad, pero tampoco ha estado a la altura de lo que reclama Chile en términos de no desabastecerse y generar más preocupación y problemas de los que hemos tenido en pandemia", afirmó el diputado demócrata cristiano Iván Flores, agregando que la acusación constitucional cuenta con respaldo mayoritario opositor.

Agregó que pese a que el paro terminó, "la acusación se va a presentar porque hoy tenemos un alto costo, tenemos desabastecimiento, tenemos un traspié nacional y eso ya está hecho. Por lo tanto, se va a presentar cuando la tengamos lista".

Es que la tolerancia gubernamental con los camioneros de la CNTC durante toda la semana del paro ha sido evidente y flagrante a ojos de muchos, de partida por el incumplimiento de las medidas sanitarias de "distanciamiento social" y de acatamiento del toque de queda, lo mismo que por aceptar el cierre parcial y la toma de significativos tramos de importantes carreteras, el bloqueo a la entrada y salida de carga a los grandes puertos de San Antonio y Valparaíso, y además permitiendo el desabastecimiento de combustibles y alimentos que comenzó a evidenciarse.

Desde la oposición se reclamaba se les aplicara la Ley de Seguridad del Estado, un cuerpo legal cuya invocación es facultad exclusiva del gobierno y que busca castigar a quienes  “inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública“, castigándolos con penas especialmente agravadas.

Los transportistas han venido reclamando por más seguridad en las carreteras, especialmente en la Región de La Araucanía (unos 700 kilómetros al sur de Santiago), donde está concentrado el llamado "conflicto Mapuche", la etnia originaria de Chile, cuyas tierras y propiedades fueron arrebatadas primero por los conquistadores españoles y, posteriormente, hacia fines del siglo 19, por el propio Estado chileno que las ocupó militarmente y con dura represión, para después entregarlas a colonos blancos y a grandes corporaciones forestales durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-990).

Particularmente durante los últimos diez años, las organizaciones de resistencia mapuche han incrementado sus acciones reivindicativas y de recuperación de territorios despojados, al igual que demandando el reconocimiento oficial del Estado chileno, respeto a su cultura y valores ancestrales y exigiendo niveles significativos de autonomía territorial.

El Estado chileno ha hecho oídos sordos a esas demandas y lejos de una respuesta política -por ejemplo, reconocer su carácter de estado plurinacional-, recurrió principalmente a una creciente represión.

Esas acciones de resistencia -que para muchos se tratan de "acciones terroristas" y contra las cuales se exige desde la extrema derecha, más dureza en el actuar policial y también presencia militar-, significaron la destrucción de centenares de camiones, maquinaria agrícola y forestal, además de casas y cabañas en haciendas y lugares de recreación, supuestamente por la actividad subversiva que realizan clandestinamente grupos de resistencia mapuche.

Detalle de acuerdos

Entre los acuerdos adoptados por transportistas y el gobierno, se mencionó que principalmente se trata de mayor infraestructura vial, habilitación de zonas de descanso, instalación de luminarias, cámaras de seguridad y cámaras térmicas, a la vez que garantizar que por cada camión que resulte destruido, el Estado compensará con un subsidio no reembolsable.

El gobierno prometió fortalecer el resguardo del orden público, mediante la inversión de unos  7 millones de dólares en infraestructura policial, el aumento en la presencia de aeronaves policiales en la zona sur y con el establecimiento de una coordinación especial de información de inteligencia.

En Chile, las paralizaciones promovidas por empresarios transportistas rememoran dramáticamente a sucesos que tuvieron lugar, primero, en octubre de 1972 durante tres semanas y después, a partir de julio de 1973 y hasta la antesala del golpe militar que terminó con el gobierno del presidente Salvador Allende (1970/73); ocasiones en que con el apoyo de grupos paramilitares de la ultraderecha, cortaron la cadena de abastecimiento por todo el país y cumplieron así un rol fundamental en gatillar el derrocamiento de Allende y la instalación de la dictadura de Pinochet.