Guadalajara, Jal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió dos recomendaciones dirigidas a autoridades sanitarias y de procuración de justicia en el estado, derivadas de presuntas negligencias médicas.

La primera resolución de la defensoría se refiere a un caso que casi cuesta la vida a una paciente, luego que médicos residentes y de pregrado en el Hospital General de Occidente (HGO), el más grande de la Secretaría de Salud Jalisco, realizaron un diagnóstico errado.

Los residentes diagnosticaron que la paciente tenía colitis pero su conclusión no estuvo supervisada por un médico especialista y se hizo sin elaborar los estudios clínicos necesarios, lo que generó que la paciente fuera intervenida de manera tardía por presentar apendicitis aguda gangrenosa perforada, lo que puso en riesgo su vida.

El documento, emitido por concepto de violación a la legalidad y seguridad jurídica, con relación al derecho a la protección de la salud por negligencia, imprudencia e inobservancia de reglamentos, detalla que la omisión del personal médico del nosocomio provocó que tuvieran que intervenirla quirúrgicamente una semana después de presentar síntomas.

La defensoría pidió al secretario de Salud estatal que se realice la reparación integral del daño a la víctima de forma directa, como un gesto de verdadera preocupación por las víctimas de las violaciones de derechos humanos, además que entre otras cosas siempre esté presente un médico adscrito supervisando a los residentes, como es obligatorio.

La segunda recomendación, dirigida a la Fiscalía del Estado, se refiere al actuar “irregular y omiso” de agentes ministeriales de la Fiscalía quienes volvieron a victimizar y dejaron impune una negligencia médica durante un procedimiento estético en el que se infiltró sin consentimiento una sustancia desconocida en los glúteos de una mujer

La recomendación fue emitida por el concepto de violación a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la reparación integral del daño y por violación a la legalidad, a la seguridad jurídica en relación con el debido cumplimiento de la función pública.

En ella se documenta una serie de irregularidades cometidas en la integración de la averiguación previa al dar una mala orientación y omitir la debida diligencia que finalmente derivó en una situación de impunidad.

En dicha recomendación se pide a la Fiscalía del Estado se realice la reparación integral del daño a la víctima, en la que se incluyan todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición, además de que inicie, tramite y concluya un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público señalados como responsables.