Ciudad de México. Por temas relacionados con irregularidades en centros de reclusión estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación y dio inicio a una nueva indagatoria. 

En el primer caso, le dirigió la Recomendación 27/2020 al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, por un caso ocurrido en 2018 en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Tepic, Nayarit, donde se aplazaron por 15 meses los estudios y tratamiento médico especializado contra el cáncer que padecía un interno, lo que se violó su derecho a la salud. 

En un comunicado, la CNDH explicó que el 13 de diciembre de 2018, un reo del Cefereso de Nayarit, fue valorado por especialistas en Oncología Quirúrgica luego de advertir que presentaba malestares relacionados con un abultamiento en región suprapúbica. 

Como el interno tenía antecedentes de cáncer en el testículo izquierdo en 2016, se le practicaron estudios de marcadores tumorales, que arrojaron resultados negativos; no obstante, el 15 de diciembre de ese año fue valorado por un médico internista, quien precisó que aun cuando se descartaba la recurrencia del cáncer, debía practicársele una tomografía, marcadores tumorales y estar en vigilancia médica por alrededor de dos meses.  

El organismo autónomo constató que no fue sino hasta el mes de marzo de 2020 cuando se le practicaron dichos estudios, es decir, transcurrieron alrededor de 15 meses sin que a la víctima se le diera seguimiento al tratamiento médico indicado.  

Por la intervención de la CNDH, se le realizaron los estudios médicos y fue valorado por el servicio de Oncología Quirúrgica del Centro Estatal de Cancerología, donde se diagnosticó al interno con cáncer de testículo metastásico. 

En el segundo caso, la CNDH emitió un acuerdo de atracción y apertura de oficio, luego de que servidores públicos del Centro de Reinserción Social Varonil de Atlacholoaya, Morelos, impidieron el pasado 18 de agosto el acceso a funcionarios de este Organismo Nacional para realizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP). 

El organismo detalló que personal de dicho centro de reclusión argumentó que no se encontraba la Directora, ni otra autoridad que pudieran dar la información requerida; además, los trabajadores de dicha prisión afirmaron que no había suficiente personal de seguridad y custodia que pudiera garantizar la integridad de los servidores públicos durante la realización de la supervisión. 

Asimsimo, indicaron que la CNDH no solicitó una cita para llevar a cabo una Supervisión, por lo que únicamente aceptaron recibir un oficio de la Comisión, con la aclaración de que posteriormente harían saber en qué fecha podía acudir a realizar la diligencia. 

El personal de la Dirección General de Centros Penitenciarios, de esa entidad federativa, destacó que autorizaba únicamente el ingreso a los funcionarios de la CNDH, bajo ciertas condiciones, como no permitirles el acceso a los dormitorios, ni aplicar encuestas a las personas privadas de la libertad, porque no se contaba con personal de seguridad suficiente para salvaguardar su integridad física.  

En ese contexto, alertó la CNDH, “es evidente que tales restricciones, obstaculizan el trabajo del DNSP, al impedir supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país, a través de la verificación de las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas”. 

Por todo lo anterior, y con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos adscritos al Sistema Penitenciario en el Estado de Morelos, la CNDH afirmó que investigará de oficio el caso.