Ciudad de México. La violencia política contra las mujeres por razones de género “sigue siendo un campo inexplorado”, cuyos primeros desarrollos comienzan en algunas partes de América Latina, señaló Luz Mejía Guerrero, especialista principal de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA).

Por ello, dijo que es necesario trabajar conjuntamente con operadores de justicia, organizaciones, abogados y con mujeres políticas para la construcción “de un piso sólido” que garantice la defensa de los derechos de las mujeres en este ámbito, que las féminas puedan reflexionar sobre cómo es que la violencia que se ejerce en su contra no es propia del actor político sino que tiene características especiales, “que está dirigida a limitar, menoscabar o reducir la posibilidad de su participación”.

En el conversatorio digital "Litigando estratégicamente los casos de violencia hacia las mujeres en política en América Latina", expuso que en la medida en que los organismos judiciales o electorales no tengan una reacción inmediata que rechace esta violencia contra las mujeres en el ámbito político, se difunde “un mensaje de impunidad, de tolerancia, que no hace sino profundizar y por supuesto debilitar la democracia”.

Arsenio Cores, abogado en derechos humanos y autor del documento "Estándares de protección de derechos humanos de las mujeres: Herramientas necesarias para la defensa de su participación política", expuso que la cultura de violencia y discriminación basada en el género, “no sólo es estructural sino que implica la tolerancia de todo el sistema”. Destacó que los Estados no solo tienen el deber de abstenerse de situaciones de discriminación sino que deben de ayudar al avance social para evitarlas.

Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, señalo que en México la normatividad en cuanto a la prevención, atención y sanción de la violencia política es muy reciente. “Apenas hace poco más de un año es que se cuenta con un tipo penal, y en marzo pasado, hicimos una modificación en la Ley general de acceso a una vida libre de violencia”.

Indicó que entre los desafíos que se enfrentan es que se requiere mayor accesibilidad para presentar denuncias, “tener ventanillas más útiles, más cercanas a las poblaciones, comunidades rurales, a las zonas donde están las mujeres indígenas o las migrantes de las áreas fronterizas”.

De igual manera, dijo, faltan acciones para implementar medidas cautelares y de reparación, “sobre todo para la protección de las mujeres que están denunciando este tipo de violencias” y en un contexto en donde México “viene generando recortes presupuestales para la atención, prevención y sanción a las violencias”.