Ciudad de México. Tres de las nueve organizaciones civiles señaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador de recibir financiamiento de fundaciones internacionales para oponerse al Tren Maya, rechazaron esas acusaciones y lo retaron a “decir la verdad”, enfatizaron que no detendrán su trabajo de defensa de los derechos de las comunidades y el territorio y exigieron una disculpa pública el mandatario.
En conferencia virtual, representantes de los centros Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), y el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil (CRIPX), acompañados por miembros de Amnistía Internacional (AI) México, subrayaron que las afirmaciones del titular del Ejecutivo federal pretenden estigmatizar la labor de los defensores de derechos humanos y “promover un ambiente de intolerancia y deterioro del estado de derecho”.
Recordaron que en lo que va del sexenio han sido asesinados 18 ambientalistas y entre 2012 y 2020 la cifra de agresiones para estos activistas supera los 500 casos.
“No nos van a detener ni a callar. Exigimos al titular del Ejecutivo una disculpa pública por las declaraciones irresponsables que hizo el viernes. Tomando en cuenta el riesgo en que nos pone, lo responsabilizamos a él por cualquier cosa que nos pueda pasar a las organizaciones señaladas, a sus integrantes y familias”, aseveró Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda.
Refirió que el presidente “está muy mal informado. Es claro que nos encontramos frente a una campaña muy sucia, muy claramente orquestada y armada desde el gobierno federal que es inaceptable (…) Lo que dijo es falso, y vemos que detrás de todo esto lo que busca es descalificar, desprestigiar, amenazar, estigmatizar, deslegitimizar, calumniarnos y censurarnos, y eso es inaceptable”.
Remarcó que es lícito que las organizaciones civiles reciban financiamiento de diferentes fuentes, incluidas fundaciones del extranjero, y toda esa información es transparente, auditable y todo se declara ante las autoridades financieras como la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria.
Edith Olivares, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de AI México, recordó que el derecho internacional sobre estas garantías protege la libertad de opinión, expresión y el derecho a defender derechos de todos los ciudadanos, por lo que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, por investigar y buscar información y difundirla por cualquier medio.
Subrayó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales de los que México forma parte, garantizan los derechos a expresarse, a organizarse y a expresar su oposición o acuerdo con las decisiones de cualquier gobierno.
“AI está sumamente preocupada por el interés que parece haber en la Presidencia de la República de desacreditar las labores de las organizaciones civiles cuando éstas se oponen a sus decisiones y propuestas. En el marco de la legalidad en México, las organizaciones podemos acceder a diferentes tipos de recursos, en algunos casos provenientes de fundaciones internacionales, lo cual es legal (…) Resulta alarmante que el gobierno federal esté dedicando recursos (tiempo, dinero, fuerza laboral de empleados y tecnología) para investigar a las ong, sobre todo en medio de la crisis sanitaria que atravesamos”.
Sara López, del CRIPX, indicó que las organizaciones “seguiremos alzando la voz, sobre ante proyectos de destrucción y muerte. El Tren Maya nos va a venir a quitar y destruir lo que hemos defendido por años: la vida y el territorio”.
Exigió al Presidente de la República una disculpa pública porque “nos ha ofendido, nos ha calificado de conservadores, de estar en contra del desarrollo, y no somos eso señor presidente, estamos en defensa de la vida, de los derechos humanos de todas las comunidades. Seguiremos en esa defensa. Basta ya de criminalizar a todas las organizaciones”.
Sergio Madrid, director del CCMSS, lamentó la intención de estigmatizar a las ong a través de un ambiente de intolerancia y deterioro del estado de derecho.
“Deploramos las afirmaciones sin sustento, en el sentido de que nos disfrazamos de ambientalistas y defensores de derechos humanos, nuestras organizaciones tienen entre 20 y 40 años trabajando con autoridades y pueblos indígenas. No estamos disfrazados. En el fondo lo leemos como una intensión de neutralizar a las organizaciones civiles, de cerrar el paso a toda observación crítica, para que los proyectos que esta administración tiene en el sureste, puedan realizarse sin obstáculo y llegue la inversión extranjera que se apropiará de la tierra y los recursos naturales. El Tren Maya facilitará ese proceso de robo de la tierra a las comunidades”.
